Pero qué necesidad, diría el clásico. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca revivir el llamado plan A del mandatario López Obrador, que en abril de 2022 propuso una reforma constitucional para cambiar al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a siete los consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y modificar la forma en que se elige a los legisladores plurinominales.
Aquella propuesta no prosperó por falta de votos en el Congreso. La convirtió en el plan B, una reforma a las leyes secundarias, que terminaron por declararse inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que provocó el surgimiento del plan C para alcanzar las dos terceras partes en el Congreso en la elección de 2024 y cambiar lo que se les diera la gana, empezando por el Poder Judicial.
Cuando cada uno de esos planes surgió, la oposición y organizaciones de la sociedad civil se organizaron para defender al INE y su autonomía. Y luego al Poder Judicial. La movilización opositora hoy está completamente relegada. Pero podría resurgir si les dan algún pretexto. Qué necesidad tiene Morena de avivar el descontento de los descontentos.
Las señales de que la reforma electoral de AMLO revivirá son evidentes. Tras la elección judicial, la presidenta Sheinbaum no ha hecho más que criticar las decisiones del INE y plantear que viene una reforma en la materia para el siguiente periodo de sesiones del Congreso.
Anoche, mediante decreto, creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabezará Pablo Gómez. Hasta el fin de semana era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero el sexenio pasado fungió como el artífice de los cambios electorales y hasta defendió la reforma en mañaneras y en entrevistas.
Ahora tendrá el cargo que, en los hechos, ya ocupaba y lo dotan de un equipo que ya tiene otras funciones, incluido el coordinador de asesores de la Presidencia y ex vocero presidencial de AMLO, Jesús Ramírez.
Ojalá la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, que también son parte, equilibren la balanza, frenen la alevosía con la que la 4T se quería hacer del sistema electoral mexicano y garanticen la plena autonomía del INE, o lo poco que aún le queda.
