Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la orden del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es inconstitucional, confirmando una decisión de un tribunal inferior que bloqueó su aplicación en todo el país.
El fallo de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos se produce después de que el plan de Trump también fuera bloqueado por un juez federal en New Hampshire. Esto acerca el asunto a una rápida vuelta a la Corte Suprema.
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¿Qué ha ocurrido con el decreto?
La decisión del Noveno Circuito mantiene bloqueado el camino de la administración de Trump para hacer cumplir la orden que negaría la ciudadanía a los niños nacidos de personas que se encuentran en los Estados Unidos irregular o temporalmente.
El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional.
"Estamos totalmente de acuerdo", escribió la mayoría.
El fallo de 2-1 mantiene vigente una decisión del juez federal de distrito, John C. Coughenour, en Seattle, quien bloqueó el esfuerzo del Presidente de terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento y condenó lo que describió como "el intento de la administración de ignorar la Constitución para obtener ganancias políticas".
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a los mensajes solicitando comentarios.
Desde entonces, la Corte Suprema ha restringido el poder de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes que afecten a todo el país, conocidas como órdenes judiciales de alcance nacional.
Pero la mayoría del Noveno Circuito determinó que el caso se amparaba en una de las excepciones que dejaron abiertas los jueces. El caso fue presentado por un grupo de estados que argumentaron la necesidad de una orden a nivel nacional para evitar los problemas que se derivarían de que la ciudadanía por nacimiento solo fuera legal en la mitad del país.
“Concluimos que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una orden judicial universal para brindar a los estados un alivio completo”, escribieron los jueces Michael Hawkins y Ronald Gould, ambos designados por el presidente Bill Clinton.
¿Cuál es la postura del mandatario?
El juez Patrick Bumatay, designado por Trump, discrepó. Determinó que los estados carecen de la legitimidad legal para demandar.
"Debemos abordar cualquier solicitud de amparo universal con escepticismo de buena fe, conscientes de que la invocación de un 'amparo completo' no constituye una vía de escape para los mandatos judiciales universales", escribió.
Bumatay no opinó sobre si sería constitucional poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Ciudadanía por derecho de nacimiento
La Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción estadunidense, son ciudadanos.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que la frase “sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos” en la enmienda significa que la ciudadanía no se otorga automáticamente a los niños basándose únicamente en su lugar de nacimiento.
Los estados —Washington, Arizona, Illinois y Oregón— argumentan que esto ignora el lenguaje sencillo de la Cláusula de Ciudadanía, así como un caso histórico de ciudadanía por derecho de nacimiento de 1898, en el que la Corte Suprema encontró que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano en virtud de su nacimiento en suelo estadunidense.
La orden de Trump establece que un niño nacido en el país no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio regular o se encuentra en el país regularmente, pero de manera temporal, y el padre no es ciudadano estadunidense ni residente permanente regular.
Al menos nueve demandas se han presentado en todo Estados Unidos impugnando la orden.
MD
