Con su exigencia de avalar el plan de negar la ciudadanía estadunidense por nacimiento a hijos de indocumentados, la mayoría mexicanos, el presidente Donald Trump empujó a la Suprema Corte de Justicia a uno de sus mayores dilemas legales y morales, con consecuencias históricas para el futuro de Estados Unidos.
Si la mayoría de 6 jueces conservadores del máximo tribunal decide rechazar la petición y deja intactos los principios constitucionales consagrados en la enmienda 14, vigente desde hace más de un siglo, habrá puesto un límite institucional a los alcances del poder presidencial en uno de los temas clave de la agenda de Trump.
Pero juristas y organizaciones de defensa de los derechos advierten que si valida el argumento de Trump, la Corte crearía una nueva subclase de apátridas, en su mayoría de origen mexicano, una decisión que afectaría a millones de migrantes e incrementaría a un nivel inédito la población indocumentada del país.
Al menos 4 millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen padres indocumentados, según el Pew Research Center. De ellos, cerca del 50 por ciento (2 millones) son de origen mexicano, la comunidad más desproporcionadamente afectada por una posible reforma.
“La eliminación de la ciudadanía por nacimiento crearía una subclase multigeneracional que se autoperpetúa, en la que los residentes nacidos en Estados Unidos heredarían la desventaja social de sus padres e incluso, con el tiempo, de sus abuelos y bisabuelos”, advirtió el Instituto de Política Migratoria (MPI).
Si se mantiene la tendencia de 255 mil nacimientos de hijos de indocumentados al año en el país, para 2075 habría 1.7 millones de nacidos en Estados Unidos, hijos de dos padres nacidos en Estados Unidos, pero que, sin embargo, carecerían de estatus legal: una generación que no es de aquí, ni de ninguna parte.
“Eliminar la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos con padres migrantes no autorizados o titulares de visas temporales (o una combinación de ambos) aumentaría la población no autorizada en 2.7 millones adicionales para 2045 y en 5.4 millones para 2075”, de acuerdo con el MPI
Ratificada en 1868, la Enmienda 14 de la Constitución garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadunidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Sin embargo, la propuesta de Trump busca reinterpretar esta disposición constitucional, argumentando legalmente que los hijos de migrantes en situación irregular no deberían beneficiarse de este derecho, a pesar de que ha sido ratificado en varios casos parecidos ante el máximo tribunal.
“Si se recuerda, la aprobación e implementación de la ciudadanía por nacimiento, estaba destinada a los hijos de esclavos. No estaba destinada a que todo el mundo llegara y se apiñara en los Estados Unidos de América”, dijo Trump.
Bajo ese argumento, el primer día de su segundo mandato, el pasado 20 de enero de 2025, firmó una orden ejecutiva destinada a eliminar la ciudadanía por nacimiento para los bebés nacidos de migrantes indocumentados y aquellos con estatus migratorio temporal.
La acción ordenó “a las agencias federales actuar de acuerdo con el significado original de la Decimocuarta Enmienda" y estableció que "el privilegio de la ciudadanía estadunidense no se extiende automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos”
El plan de Trump detonó una tormenta política. Mientras sectores conservadores apoyan la medida como parte de una política migratoria más estricta, defensores de derechos civiles, expertos constitucionalistas y comunidades latinas la consideran una amenaza directa al principio de igualdad ante la ley y un acto discriminatorio dirigido a las comunidades migrantes.
“Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, sino también un repudio imprudente y despiadado de los valores estadunidenses… Esta orden busca repetir uno de los errores más graves de la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a quienes se les niegan todos los derechos como estadunidenses”, alertó la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU).
GPE
