Con excepción de Relaciones Exteriores y de Seguridad, todas las demás secretarías del gobierno federal y otras instituciones del Poder Ejecutivo contarán, por primera vez, con recursos etiquetados para realizar tareas anticorrupción.
De acuerdo con el Anexo Transversal Anticorrupción del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2026, para el próximo año, se destinaría un total de 9 mil 599 millones 121 mil 982 pesos etiquetado específicamente en programas para prevenir, detectar, investigar y sancionar hechos de corrupción.
Eso implica un incremento del 21 por ciento en comparación con el 2025, cuando en el anexo transversal se etiquetaron 7 mil 939 millones 299 mil 175.24 pesos para esas tareas.
Desde 2021, el Anexo Transversal Anticorrupción detalla cuántos recursos públicos se etiquetan en el PEF específicamente para realizar acciones contra la corrupción en las diferentes instituciones con competencia para ello, principalmente las que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Sin embargo, este año, instituciones especializadas del ramo, como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), sufrieron recortes considerables en su presupuesto etiquetado.
Aunque su presupuesto general tendría un incremento del 2.5 por ciento con respecto al 2025, para tareas específicas de prevención, detección, investigación y sanción, la SABG pasó de tener mil 225 millones de pesos etiquetados a solo 834.7 millones, lo que implica un recorte del 32 por ciento.
De la misma manera, para la SESNA se prevé un incremento del 1.5 por ciento en su presupuesto general, pero pasará de tener un presupuesto etiquetado de 128.8 millones de pesos a apenas 6.3 millones de pesos para tareas anticorrupción, una reducción de más del 95 por ciento.
En contraste, instituciones como el ISSSTE y el IMSS, que antes no recibían presupuesto anticorrupción, que no son especializadas en el combate a ese flagelo y, por consiguiente, no forman parte del SNA, este año tendrán presupuestos anticorrupción superiores a la SABG y la SESNA.
En el ISSSTE, los recursos anticorrupción que reciba, por mil 693 millones de pesos, casi el doble de lo etiquetado para la SABG, se destinarán a “instrumentar mecanismos necesarios para desarrollar, promover y fortalecer el sistema de control interno y la administración de riesgos”.
En el IMSS se etiquetarán recursos anticorrupción por 339.7 millones de pesos, cinco veces mayor que la SESNA, para “socializar el Código de Ética de la Administración Pública Federal, el Código de Conducta y de Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas del IMSS, mediante medios digitales e impresos”.
Las otras instancias del SNA
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que sí forma parte del SNA porque una de sus salas está especializada en temas anticorrupción, sufrirá una disminución del 24 por ciento en recursos etiquetados, al pasar de 122.3 millones a 93 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción, que también forman parte del SNA, mantendrán su presupuesto etiquetado para 2026, que asciende a 2 mil 822 millones de pesos y 227.7 millones de pesos, respectivamente.
En el Poder Judicial, en donde antes de la reforma judicial se etiquetaba presupuesto anticorrupción para el Consejo de la Judicatura Federal, que formaba parte del SNA, habrá una reducción mínima, del 0.3 por ciento, y quedará en mil 625 millones de pesos para que ahora lo ejerza el Órgano de Administración Judicial.
Por su parte, los 36.4 millones de pesos que en 2025 se le etiquetaron al ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para tareas anticorrupción no se reflejarán en 2026 en los recursos de su reemplazo en el gobierno federal, Transparencia para el Pueblo, organismo que apenas alcanzará a tener 25 millones de pesos de presupuesto general y no se le consideró nada etiquetado.
Aunque no forma parte del SNA, al Archivo General de la Nación se le ha considerado históricamente en el Anexo Transversal Anticorrupción porque es la instancia responsable de la preservación de archivos relevantes para la rendición de cuentas y para 2026 tendrá un incremento importante, al pasar de 226 mil pesos a 208.3 millones de pesos de presupuesto anticorrupción.
Política “transversal”
En 2025, el Anexo Transversal Anticorrupción del Presupuesto de Egresos consideró asignar recursos a dependencias del gobierno federal como Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, Educación Pública, Bienestar y Mujeres, donde se podrían implementar programas transversales enfocados en la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción.
Este año, se incluyó a prácticamente todas las secretarías del gobierno federal en el presupuesto transversal; sólo se excluyó a Relaciones Exteriores y Seguridad.
La intención del reparto es que la política anticorrupción sea transversal en todo el gobierno federal.
Entre las dependencias que repiten en el Anexo están la Secretaría de Hacienda, que en años anteriores concentraba recursos anticorrupción en el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal, pero que ahora tendrá menos dinero etiquetado, al pasar de 615 millones a 216 millones, los cuales usará para “fortalecer el monitoreo continuo de recursos públicos mediante información ejecutiva sobre el desempeño de programas, facilitando el seguimiento de tendencias para la oportuna toma de decisiones”.
También, la Secretaría de Educación, la cual recibirá menos recursos anticorrupción que en 2025, al pasar de mil 89 millones a 237 millones de pesos, para “implementar un sistema de gestión y control transparente que permita al deportista conocer, consultar y dar seguimiento puntual al estado de sus becas, estímulos y premios”.
Asimismo, la Secretaría de Economía recibirá 29.9 millones de pesos, cuatro millones más que en 2025, para “establecer mecanismos para transferir la confiabilidad de los datos e información de los resultados de las medidas a la industria y sociedad, de manera accesible, interoperable y transparente que garanticen la certeza técnica en procesos, productos y servicios estratégicos, mediante la transformación digital”.
La Secretaría de Bienestar también repetirá, pero ésta más tendrá recursos etiquetados para este año, por 10.2 millones de pesos, luego de que en 2025 tuvo 8.1 millones, para “planear y realizar actos de fiscalización orientados a revisar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos”.
En la Secretaría de las Mujeres, que también vuelve a aparecer en el Anexo, se destinarán 6.3 millones de pesos para “elaborar y difundir estudios, investigaciones, diagnósticos y propuestas con perspectiva de género y pertinencia cultural sobre las problemáticas y necesidades relacionadas con la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes”.
Las que estrenan presupuesto anticorrupción
Además del ISSSTE y del IMSS, de los que ya se expuso los montos que recibirán, la Secretaría de Gobernación se estrena en el Anexo, con un millón de pesos para “implementar y operar un sistema de monitoreo, análisis y mejora continua de los procesos de atención institucional para evaluar su efectividad, asegurar el cumplimiento de criterios de eficiencia y equidad, y realizar los ajustes estratégicos que se requieran”.
La Secretaría de la Defensa recibirá por primera vez 572.4 millones de pesos para “implementar un sistema de gestión y control de los procedimientos de adquisición de defensa para optimizar el empleo de recursos económicos, reducir riesgos de corrupción y materializar los procedimientos conforme a lo programado”.
La Secretaría de Agricultura tendrá recursos anticorrupción por 33.2 millones de pesos para “impulsar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, mediante el monitoreo, seguimiento y evaluación de la actividad pesquera en zonas o regiones prioritarias, sensibles o conflictivas”.
La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones tendrá 13 millones de recursos anticorrupción para “establecer criterios técnicos para la supervisión arquitectónica y el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento público y la infraestructura urbana, mediante lineamientos operativos e indicadores de desempeño”.
La Secretaría de Salud tendrá recursos anticorrupción por 165.4 millones de pesos para “fomentar la cultura de calidad y de mejora continua en los tres niveles de atención, basado en estándares y un modelo de calidad centrado en las personas, siendo obligatorio para todas las unidades de salud”.
La Secretaría de Marina se estrenará en el Anexo Transversal con 20.1 millones de pesos para “implementar procesos de mejora continua en la estructura organizacional de la autoridad marítima nacional y la autoridad portuaria mediante ajustes normativos y análisis funcional para optimizar el ejercicio de sus atribuciones”.
La Secretaría del Trabajo tendrá 3.2 millones de pesos para “promover procesos de formación, sensibilización, difusión y capacitación constante dirigidos a personas trabajadoras, empleadores, autoridades judiciales, conciliadores y representantes sindicales, con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad y los derechos laborales”.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano recibirá 25.2 millones de pesos etiquetados para “apoyar prácticas de buen gobierno para agilizar procesos, facilitar la comunicación y prevenir la corrupción a través de la promoción del uso de tecnologías”.
La Secretaría de Medio Ambiente contará con recursos anticorrupción por 26.7 millones de pesos para “asegurar el funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de Cambio Climático, incluyendo la gestión de las actividades de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático”.
La Secretaría de Energía podrá ejercer 12.3 millones de pesos para “aplicar sanciones correspondientes a fabricantes y comercializadores que incumplan con las normas oficiales mexicanas en materia de eficiencia energética”.
En Turismo se etiquetarán recursos por 29.1 millones de pesos para “promover el cumplimiento y relevancia de las acciones y programas institucionales mediante el diseño e implementación de acciones de evaluación y seguimiento de la política turística nacional”.
En la Secretaría de Ciencia se destinarán 72.4 millones de pesos para “establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos definidos en las instancias de coordinación”.
En la Secretaría de Cultura se etiquetarán 58.4 millones de pesos para “generar alianzas estratégicas y mecanismos de cooperación nacional e internacional para fortalecer el posicionamiento de México como referente cultura”.
Al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se le etiquetarán 12.8 millones de pesos para “apoyar y fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para ejercer de manera autónoma, transparente y eficaz la gestión de recursos públicos”.
LP
