El 18 de junio de 2022, Frida Santamaría, de 24 años, fue víctima de feminicidio presuntamente a manos de su entonces pareja Juan Paulo 'N'.
Sin embargo a más de tres años de su muerte, la familia de la joven continúa acusando a las autoridades de Michoacán de corrupción en el caso para beneficiar al presunto agresor.
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Durante estos tres años, el caso ha pasado de ser clasificado como feminicidio en septiembre de 2022 a, posteriormente, ser homicidio culposo en enero de 2023.
En septiembre de ese mismo año, tras un amparo interpuesto al Poder Judicial Federal, se determinó que el caso sí era un feminicidio y se ordenó a las autoridades estatales reponer el proceso; sin embargo, este 2025, la Fiscalía de Michoacán aún no ha hecho el cambio de delito y la audiencia inicial —que se tenía prevista para el 24 de septiembre— fue cambiada al 13 de octubre.
“En el Poder Judicial de Michoacán, los jueces de control y magistrados estatales no hacen el cambio a feminicidio y lo siguen manteniendo como homicidio culposo. Dicen que debe haber una audiencia e iniciar el juicio, y ya con esto la Fiscalía hace el cambio de expediente, pese a que tengan la orden a nivel federal”, explicó a Notivox Samantha, prima de Frida.
En septiembre de 2022, cuando el caso aún estaba tipificado como feminicidio, Juan Paulo 'N' fue detenido, acusado de asesinar a la joven, y de acuerdo con Samantha, durante la primera audiencia él negó haber disparado en contra de la joven, pero durante la segunda, se contradijo y confesó que sí le disparo, aunque dijo que había sido un accidente.
Tras esta declaración el juez de control de Sahuayo, Mario Sotelo, avaló la reclasificación del caso de feminicidio a homicidio culposo, sentenciándolo a tres años en libertad condicional, luego de que el juicio se fuera a procedimiento abreviado.
Lo anterior pese a que Eduardo Santamaría y Patricia García, padres de Frida, no fueron notificados e incluso, durante la audiencia en donde se determinó este cambio, negaron haber estado de acuerdo; sin embargo, el juez no tomó en cuenta sus declaraciones.
Junto con las presuntas irregularidades del Poder Judicial, Samantha asegura que también las hubo de parte de la Fiscalía, quien el mismo día en que murió la joven, cuando la policía acudió a tomarles la declaración a su familia, ellos le solicitaron entrevistar a sus amigos, quienes fueron testigos y que en ese momento estaban afuera del hospital en el que se encontraba Frida, así como a Juan Paulo 'N'; sin embargo, no lo hicieron.
“Cuando ya se presentó la denuncia en la Fiscalía, se les volvió a dar los nombres de las personas que estuvieron en la fiesta y se les cuestionó por qué no buscaban a Juan Paulo 'N', era el único sospechoso y nunca hicieron nada por citarlo para que diera su declaración”, aseguró.
Cabe señalar que, durante este primer proceso, originalmente la Fiscalía de Feminicidios de Morelia había atraído el caso, pero, de acuerdo con la familia de la víctima, el entonces encargado, Adrián Solís, mandó a Jorge Camacho —quien en su momento era fiscal de Asuntos Especiales— a tomar el caso.
Presuntamente, Camacho estuvo involucrado en el proceso del juicio abreviado en beneficio del presunto feminicida y actualmente está acusado de corrupción dentro de las fiscalía por otros casos.
A consecuencia de este primer proceso es que actualmente Juan Paulo 'N' continúa cumpliendo con su sentencia inicial, la cual son tres años en libertad condicional, firmar cada 15 días en los juzgados y tiene prohibido acercarse a la familia de la víctima y a los testigos de los hechos.
En redes sociales, aparece un perfil a su nombre en donde se promociona la venta de hamburguesas, hot dogs, así como bebidas; la lada que se menciona para hacer los pedidos corresponde a un número de Jiquilpan o Sahuayo.
Frente a esto, la familia de la joven ha buscado que el caso sea removido de los juzgados de Sahuayo y tomado por las autoridades de Morelia, ya que, pese al cambio de juez, temen que nuevamente no haya justicia en este proceso por los antecedentes de presunta corrupción que llevaron a la reclasificación inicial.
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“Estamos esperando que se haga todo conforme a derecho, que lo revisen con perspectiva de género, porque acá (en Jiquilpan) es donde ministerios públicos, fiscal regional, policías investigadores, el juez de control de Sahuayo, todos están envueltos en círculos de corrupción y que es muy fácil llegar a ellos económicamente”, precisó.
Cabe mencionar que actualmente la familia de la víctima no ha presentado ninguna denuncia de corrupción, pues ha preferido enfocarse en hacer justicia en el caso de la joven.
Sin embargo, sí han presentado escritos ante las autoridades correspondientes, señalando las presuntas irregularidades dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial de Michoacán.
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