La zona sur de Tamaulipas enfrenta una segunda crisis hídrica en menos de un año, esta vez marcada por la turbidez del agua que sale de los grifos en diversas partes de la zona conurbada.
Los ciudadanos, que apenas respiraban aliviados tras la severa sequía, ahora se encuentran con un nuevo problema que afecta desde hace varias semanas el suministro de agua a los hogares de Tampico y Ciudad Madero.
Francisco José González Casanova, gerente general de la Comapa Sur, reconoció la problemática y, al mismo tiempo, el titular del organismo operador anunció la implementación de polímeros para tratar el agua turbia.
Estos compuestos, comúnmente utilizados en la potabilización, tienen la capacidad de agrupar las partículas que causan la turbidez, permitiendo su sedimentación y filtrado.
Si bien los funcionarios del organismo operador del agua en la zona conurbada afirmaron que el uso de esta alternativa cumple con toda la normatividad establecida, no se proporcionaron mayores detalles durante la rueda de prensa.
El uso de polímeros no es nuevo en el tratamiento de agua; por lo tanto, es fundamental que Comapa Sur no solo implemente soluciones rápidas, sino que también asegure la transparencia en la selección y aplicación de estos productos.
Los ciudadanos tienen derecho a saber qué sustancias se están utilizando en su agua potable y cuáles son los posibles impactos a largo plazo.
Así como en repetidas ocasiones pidieron paciencia a una parte de los usuarios que se ven afectados por la presencia de agua turbia, también es importante rendir información clara de cada proceso a llevar a cabo en los próximos días.
Se necesita un monitoreo constante para evaluar la efectividad del tratamiento; es indispensable garantizar que el agua no solo sea clara, sino también segura para su uso cotidiano.
La crisis hídrica en el sur de Tamaulipas no se resolverá con soluciones a medias. La región necesita un enfoque integral que considere tanto la calidad del agua como la sostenibilidad de los métodos utilizados para tratarla.
Mientras tanto, los ciudadanos deben mantenerse informados y exigir claridad y responsabilidad a las autoridades encargadas de asegurar que el agua que llega a sus hogares cumpla con los más altos estándares de seguridad.
La inversión anunciada de 10 millones de pesos bien vale ser supervisada por la sociedad.