Aunque ya vivimos un periodo de Trump como presidente, la espiral de la historia nos advierte una segunda temporada impregnada de nuevos elementos. Ahora vemos a un equipo de camaradas de extrema derecha en puestos estratégicos en materia migratoria y unos renovados aires de grandeza que han llevado a este personaje a asumirse como el salvador de Estados Unidos, un país que solo en su mente pendía de un hilo. El pasado lunes, el discurso de toma de protesta fue básicamente un recordatorio y reafirmación de lo ya expresado: una provocación enmarcada en una perspectiva binaria de la sociedad: los “buenos y malos”, ellas y ellos (sin diversidad de género), víctimas y traicioneros a la patria.
Desde esta mirada, cualquier política local que entre en conflicto con su agenda antimigratoria se convierte en su enemigo. Por ello, las jurisdicciones autodenominadas santuario vuelven a ser blanco de persecución como sucedió en su anterior administración. La existencia de estas políticas es controversial porque promueven la inclusión, la justicia social y la dignidad humana, valores que entran en contradicción con la criminalización de la migración, el individualismo, el libre mercado, el conservadurismo social y el militarismo del gobierno trumpista. Las prácticas santuarios se erigen como contrapesos políticos necesarios y urgentes que adquieren mayor relevancia en momentos históricos como el que vivimos.
A grosso modo, estas prácticas tienen dos significados distintos según el contexto. El primero es la postura de gobiernos locales de limitar su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tareas de detención y deportación y, el otro, es la tradición de actores religiosos, organizaciones de derechos humanos y universidades de proteger e incluir a toda persona residente en sus comunidades, independientemente de su estatus migratorio. De hecho, las iglesias fueron quienes dieron origen al movimiento santuario en la década de 1980 cuando brindaron refugio a población centroamericana que huía de las guerras civiles y persecución política en El Salvador y Guatemala, conflictos que, cabe señalar, fueron apoyados militar y financieramente por el gobierno estadunidense. Con el tiempo, las prácticas santuario han evolucionado hacia un enfoque más amplio, protegiendo a inmigrantes de diversas nacionalidades.
Hoy, la lucha del señor Trump contra la comunidad inmigrante sin papeles, va de la mano con impugnar nuevamente ante los tribunales a las jurisdicciones santuario. En su primera Orden Ejecutiva firmada el 20 de enero incluyó “presentar cargos penales contra quienes faciliten la presencia de extranjeros ilegales en Estados Unidos” y “cooperar plenamente con los funcionarios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley en materia de inmigración”. Derivado de esta orden, al siguiente día, Emil Bove, el fiscal general, integró un equipo de trabajo para identificar a los gobiernos estatales y locales con leyes santuario. Esta instrucción no solo se basa en el principio de Supremacía constitucional, sino también en la necesidad operativa de engrosar las filas de cuerpos policiacos, ya que el personal contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para detener y deportar a personas sin documentos sigue y seguirá siendo insuficiente.
De acuerdo con el Center for Immigration Studies, trece estados cuentan con alguna resolución o ley santuario. Entre ellos, los más conocidos son California, Illinois y Nueva York, quienes son también destinos tradicionales de la diáspora mexicana. A ellos se suma un listado largo de condados y ciudades santuario en otros 21 estados, por lo que en caso de que se inicien los cargos penales, los tribunales estarán muy ocupados atendiendo este asunto, así como las potenciales demandas que presenten jurisdicciones santuario contra el gobierno federal, como lo hicieron en el pasado bajo el argumento de violación a los principios del federalismo.
Algunas ciudades y condados dentro de estados conservadores, como Texas, tienen prohibido tener leyes santuario, pero de cualquier forma llevan a cabo prácticas para proteger e integrar a la comunidad inmigrante bajo otras denominaciones menos polémicas. En su caso, la táctica ha sido el sigilo y la actuación tras bambalinas para evitar los reflectores federales. Su lección es que estas prohibiciones federales no funcionan, menos aun cuando las comunidades de acogida tienen bien arraigados valores afines con la esencia santuario, lleven o no explícito este adjetivo. El desafío para las jurisdicciones santuario será no solo resistir las amenazas federales y evitar enfrentamientos innecesarios, sino encontrar una estrategia ofensiva 2.0 para garantizar la seguridad y los derechos de los inmigrantes sin poner en peligro su estabilidad económica y social.
Yetzi Rosales
Investigadora por México SECIHTI-El Colef, Unidad Monterrey
*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte
