“La nueva normalidad” que nos trajo el covid-19, también cambia hábitos en el consumo de drogas… que debe prender los focos de atención en la sociedad y los gobiernos.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito afirma que el desempleo y la reducción de oportunidades a consecuencia de la pandemia, puede afectar a los más pobres, al hacerlos vulnerables al uso de drogas, así como a motivarlos a participar en su producción y tráfico, como una vía para obtener dinero. La advertencia es que si los gobiernos (a todas las escalas) recortan presupuestos y limitan sus políticas públicas, los efectos podrían ser graves y difíciles de revertir.
En la crisis económica del 2008, algunos consumidores comenzaron a buscar drogas sintéticas más baratas; ello aunado a las limitaciones a precursores y sustancias químicas esenciales para su elaboración (por limitaciones de viaje, por ejemplo), podría causar graves daños a la salud o incluso la muerte, provocada por la sustitución de sustancias o nuevas fórmulas.
Si los gobiernos recortan recursos para la prevención y tratamiento de adicciones, la consecuencia posible es un mayor número de consumidores y un mayor número de fallecimientos asociados a su consumo. Si además se deja de invertir en acciones de inteligencia y operación para la incautación de droga, habrá una mayor cantidad de sustancias ilícitas disponibles.
¿A dónde fue a parar la droga que no pudo ser transportada en vuelos comerciales en los últimos meses? ¿Qué ocurrirá si los rebrotes cierran de nuevo las fronteras? Otra vez, una mayor cantidad de drogas disponibles tanto en la zona de su producción como hasta donde el tránsito le permita llegar (con la consecuente búsqueda de nuevos consumidores). Otro escenario preocupante es que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas aprovechen la situación para engrosar sus filas, especialmente si los gobiernos pierden su capacidad de respuesta e implementación efectiva de políticas y programas públicos. Las lagunas hacen aún más vulnerable los sectores sociales con más carencias, que asumirán por ejemplo el riesgo de ser detenidos durante una operación de tráfico de droga; si el gobierno es eficiente, aumentará la población carcelaria en un cuento de nunca acabar, porque estos actores son reemplazables para los grupos delictivos que pagan. En cuanto al campo hay dos consideraciones: el agricultor y la migración. Si no hay una política pública de desarrollo al campo, el agricultor puede encontrar en los cultivos ilícitos mejores ganancias, con el consecuente aumento de producción de drogas “orgánicas”.
Por otro lado, ante la falta de oportunidades y desarrollo para los trabajadores del campo, las familias pueden decidir migrar a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, aunque en la realidad ocurra todo lo contrario, pues la urbanización, es también uno de los factores que impulsan tanto el consumo como la circulación de drogas ilegales.
Y en todas las circunstancias anteriores hay un factor común: la búsqueda del control totalitario por parte de las organizaciones delictivas sobre la economía ilegal, que se ejerce a través de la (extrema) violencia.
Violencia que se traduce un mayor número de muertes. Eso es lo que viene.
