Vivimos tiempos extraordinarios y por ello las respuestas deben ser igualmente excepcionales. La epidemia genera condiciones inéditas que nos obligan a enfrentar un problema de dos caras. Primera, evitar la parálisis ante lo inesperado, asumir el riesgo y actuar con decisión, con base en el conocimiento y la mejor información disponible. Segunda, no permitir que esas medidas excepcionales, justificadas por la urgencia, se conviertan, después, en un patrón de normalidad.
En cuanto a la primera cara, la ortodoxia dicta que en situaciones de emergencia sanitaria se requiere de una acción coordinada que permita adoptar las medidas generales para contener la enfermedad, o al menos disminuir su ritmo de crecimiento. Esto evitaría el colapso del sistema de salud público y privado. Por las características de la pandemia, México supo lo que se avecinaba con algunas semanas de anticipación. Esto empujó que, cada entidad federativa —y hasta muchos municipios— comenzaran a implementar acciones disímbolas para enfrentar la enfermedad y responder a la incertidumbre social.
Así, contrario a la percepción de que hubo inactividad gubernamental, los estados multiplicaron sus acciones, con medidas que fueron de la suspensión de clases, a las condonaciones o prórrogas del pago de arrendamientos o impuestos, la compra de insumos médicos o el diseño de programas de apoyo de toda índole. Es imposible hacer aquí un recuento de ellas. Pero en todas subyacen dos preguntas: ¿los gobernadores y alcaldes actuaron en el contexto de sus competencias? ¿Son las acciones descentralizadas la mejor opción?
A escala federal, la historia fue distinta. Aunque la Constitución y la Ley General de Salud prevén un contexto de excepción que permite al Consejo de Salubridad General actuar con carácter vinculatorio en todo el territorio nacional, la expedición de los instrumentos jurídicos que generan el andamiaje de intervención apenas inició el viernes pasado y, aunque no ha cesado, al momento de escribir esta columna sus alcances eran todavía limitados. Se trata aún de medidas muy generales que dejan enormes espacios de incertidumbre en la acción cotidiana.
Dicho de otro modo, y seguramente por las tensiones y diferentes visiones que existen en el núcleo responsable de tomar las decisiones, parece que la perplejidad le ganó a la asertividad, y que perdimos tiempo en generar el marco normativo que permitiría la toma de decisiones que, en algunas hipótesis, podría acercarse a una suspensión de garantías.
Aún tenemos oportunidad, aunque muy breve, para expedir las acciones contundentes que en el aliento sanitario, económico y laboral se requieren para enfrentar el tamaño de la crisis que ya tenemos sobre nuestras espaldas. Quedarse en casa es imperativo, pero hay mucho más que hacer.
* Director e investigador del Cide
