La libertad de expresión en México enfrenta hoy una embestida silenciosa pero feroz. Mientras el discurso oficial presume respeto a los derechos humanos y compromiso con la democracia, en los hechos estamos viendo cómo se multiplica la censura institucionalizada. Primero fue Campeche, con una gobernadora que judicializa la crítica. Después, Puebla, donde se aprobó una Ley de Ciberseguridad que, bajo el disfraz de proteger a la niñez, en realidad pretende callar a quienes se burlan del gobernador. Lo que está en juego no es sólo el derecho a opinar: es la salud de nuestra democracia.
En Campeche, el caso del periodista Jorge Luis González Valdez es alarmante. A sus 72 años, fue condenado a pagar una multa millonaria, a dejar de ejercer el periodismo durante dos años y a ver cómo su medio es obligado a cerrar su edición digital. ¿El “delito”? Calumnias y discurso de odio contra la gobernadora Layda Sansores. El castigo no es solo contra él: es un escarmiento público dirigido a todos los periodistas de la entidad que se atrevan a cuestionar al poder.
La intimidación en Campeche es institucional. El aparato de justicia se doblega ante los caprichos del Ejecutivo y convierte una crítica periodística en una afrenta que merece castigo ejemplar. Se borra la línea entre el Estado y el ego del gobernante. Y lo peor: este patrón amenaza con replicarse en otras entidades.
Puebla es un ejemplo reciente. El Congreso local aprobó, con aval del gobernador Alejandro Armenta, una ley que criminaliza las expresiones en redes sociales que puedan interpretarse como burla u ofensa. El argumento: proteger a menores del ciberacoso. La realidad: blindar al gobernador de la crítica popular. ¿Desde cuándo el humor, la ironía y la irreverencia son delitos? ¿Desde cuándo los memes y las expresiones espontáneas son un riesgo para el Estado?
Esta ley poblana no solo vulnera la libertad de expresión; abre la puerta a un futuro donde cada tuit, cada video, cada comentario en redes pueda ser perseguido por “ciberseguridad”. Es un intento burdo de controlar el discurso público y de castigar a quienes no se alinean con la narrativa oficial. Y lo más preocupante: se hizo sin consultar a la ciudadanía ni a los expertos. Fue una ley hecha en lo oscurito, al gusto del gobernador.
El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores ha alzado la voz con claridad: lo que está ocurriendo no puede pasar desapercibido. Callar a los periodistas, intimidar a los ciudadanos y aprobar leyes que criminalizan la crítica no son síntomas de democracia, sino de autoritarismo enmascarado. No se puede permitir que las instituciones sean usadas como garrotes contra la disidencia.
A Claudia Sheinbaum, presidenta de México, le corresponde tomar postura. La democracia no se defiende con discursos, sino con acciones. Si verdaderamente cree en la libertad de expresión, debe intervenir y hacer valer los principios que dice representar. Lo que está ocurriendo en Puebla y Campeche no puede convertirse en norma. Es momento de marcar límites.
Hoy son Layda Sansores y Alejandro Armenta quienes intentan imponer la ley mordaza. Mañana podrían ser otros. Si no se detiene ahora esta oleada de censura, estaremos sentando un precedente peligroso para todo el país. La libertad de expresión no se negocia, se defiende. Porque sin voces libres, no hay democracia posible.
