El pasado 25 de junio el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un comunicado inequívoco, con el respaldo de la Reserva Federal y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), donde anuncia sanciones a tres bancos mexicanos por su colusión con el crimen organizado.
Entre otras cosas, el documento dice que identifican a “CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector … para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles”.
Es difícil que una institución financiera sobreviva sin poder hacer operaciones en dólares, o sin poder hacer negocio alguno —pagos, transferencias, compras y ventas de activos y valores, préstamos o garantías, etc— con personas y empresas basadas en los Estados Unidos. Las tres firmas son relativamente pequeñas, por lo cual el veto no pone en peligro al sistema bancario mexicano como un todo. Son, además, negocios privados. Por todo esto es curiosa la vehemente defensa de la Presidenta, quien calificó la acusación como un rumor sin fundamento. El problema es que en las más de veinte páginas del documento de marras se desglosan claramente, con fechas y números, los entuertos: de CIBanco dice que “en 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para presuntamente blanquear $10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de $2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”. De Intercam: “A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China”. Y de Vector, además de ejemplos como los anteriores, se señala que los Weinberg, reconocidos hasta por el gobierno de la transformación como los lavadores de cabecera de García Luna, le movieron allí más de 40 millones de dólares al ex policía. ¿Quieren oír lo más simpático? Pues que la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno del cambio sabía esto último desde agosto del 2024. Y no dijeron nada.
El asunto aquí no es si estos bancos están coludidos con el narco. El asunto es ver qué tan arriba salpicó el lodo: ¿quiénes fueron los ejecutivos que se prestaron? ¿Qué tanto sabían los dueños? ¿Cuánta protección tuvieron desde el gobierno, sobre todo en el caso del dueño de Vector y ex jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador, también ex jefe del actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora?
Juro que no hay palomitas en el mundo que alcancen para lo que falta.
