La más reciente distracción desde presidencia, la consulta para determinar si se enjuicia o no a los ex mandatarios, es un indicador preciso de que estamos muertos y no nos hemos dado cuenta. Porque entre las muchas acciones que ha llevado a cabo López Obrador para subvertir el Estado de Derecho y los contrapesos institucionales de nuestra flaca democracia, pocas como ésta retratan mejor su éxito.
No que sea la primera. Recordemos que uno de los mayores quebrantos voluntarios a la hacienda pública mexicana, la cancelación del NAIM, se llevó a cabo mediante una “encuesta” sin validez metodológica o siquiera representatividad; una farsa para darle apariencia de legitimidad a lo que realmente fue el capricho rencoroso de un autócrata. A pesar de todo la maniobra fue exitosa, porque se pagaron más de 100 mil millones de nuestros pesos, cerca de un tercio del presupuesto total de la obra, sin que los artífices de ese frívolo desfalco sufrieran mayores reclamos ciudadanos o consecuencias.
Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de Morena, se ufana de que, de los 1.8 millones de firmas requeridas para que la consulta marche, van a conseguir más de dos millones. Todo estaría muy bien si el ejercicio no fuera profundamente innecesario, irresponsable en medio de la pandemia y, encima, cívicamente tóxico: no se requiere ni una sola firma para aplicar la ley porque la ley no puede estar sometida a las veleidades populares. ¿Hay indicios de que los mandatarios anteriores cayeron en conductas criminales? El Fiscal General de la República no solo puede, sino que debe, sin preguntarle a nadie, abrirles una investigación y, de encontrar evidencias, llevarlos a juicio. Es su trabajo, para eso está, para eso se le paga con nuestros impuestos. Todo lo demás es humo.
Cuando el presidente justifica el despropósito diciendo “No quiero parecer verdugo” lo que en realidad está diciendo es que lo es: la frase, en un país con Estado de Derecho, es completamente insensata porque allí la aplicación de la justicia no depende del Ejecutivo. López Obrador, al querer engañar a la ciudadanía con su pervertida pantomima de democracia, además de azuzar y predisponer al encono popular ante los linchamientos que vienen —es ingenuo quien cree que solo los padecerán los ex mandatarios—, se siente generoso al mirarse otorgándole al pueblo poderes y prerrogativas que considera suyas, pero que no debían serlo.
Para nuestra desgracia, lo son. La disparidad no solo en el rigor desde las fiscalías, sino en el tono de un presidente que absuelve o ajusticia desde su púlpito matutino sin más sustento que su conveniencia, explica el contraste entre las suertes de Rosario Robles y Manuel Bartlett, o la de Pío López contra la de Emilio Lozoya. Si algo ha quedado claro en este largo año y medio es que el rasero legal en el México de la T4 varía según el favor o la inquina presidencial, y que la necesaria autonomía institucional de la Función Pública, de la Comisión de Derechos Humanos o de la Procuraduría de Justicia es hoy, sin que antes fuera ejemplar, una quimera.
Ya no es asunto de cuándo nos venezolanizaremos, sino de qué tanto.
