Para la vigencia del Estado de Derecho es fundamental la seguridad jurídica. Entre las instituciones creadas para ese fin, sobresalen los registros públicos de la propiedad y del comercio y el notariado mexicano.
Los registros y el notariado forman una mancuerna para asegurar que los actos jurídicos satisfagan los requisitos de existencia y validez.
En los registros públicos de la propiedad y del comercio se inscriben, entre otros, los actos relacionados con bienes inmuebles y muebles, asociaciones y sociedades, otorgamiento de poderes, y resoluciones judiciales.
Son la piedra angular de la seguridad de la mayoría de los negocios civiles y mercantiles porque los actos inscritos tienen plena validez para todos, salvo prueba en contrario.
No obstante, su trascendencia y la cuota para modernización que cobra el gobierno de Coahuila desde hace años, el Registro Público de la Propiedad de Torreón, ha padecido la insuficiencia crónica de personal e instalaciones adecuadas.
Eso impide que el Registro labore oportuna y eficazmente. La lentitud de los trámites y la decadencia material son evidentes, pero la gravedad radica en el daño que se causa a la seguridad jurídica y a la economía.
Recientemente, fueron nombrados el Director Estatal del Registro y la Administradora Local de Torreón. Ellos han efectuado cambios sensibles para mejorar la prestación de ese importante servicio público.
Aumentaron el número de calificadores a 10 y los escribientes a 16. Cada calificador tendrá sus escribientes para encargarles directamente que hagan las inscripciones; los encargados de elaborar certificados de libertad de gravámenes serán 7. Hubo ajustes y reasignación de puestos.
A esos actos pudiera agregarse la clasificación de los actos inscribibles en urgentes, importantes y ordinarios, y en ese orden tramitarlos.
Ojalá que los nuevos funcionarios continúen el mejoramiento del Registro.
