Dice el proverbio latino: Ubi societas, ibi ius. Donde hay sociedad hay derecho.
En sentido amplio puede sostenerse que el Estado de Derecho sólo es posible en los regímenes democráticos; y sólo en estos pueden existir instituciones.
Lo anterior, porque en los gobiernos dictatoriales y en los autoritarios priva la voluntariedad del caudillo, del autócrata, de la oligarquía, o de la nomenclatura, que tuercen el sentido de las leyes y someten a las instituciones a sus intereses.
Lamentablemente, México no ha vivido un verdadero Estado de Derecho Democrático. El siglo XIX fue de guerras y luchas fratricidas.
El XX de revoluciones y gobiernos hegemónicos.
A pesar de todo, se ha creado un sistema jurídico y de instituciones aceptables que son la estructura o el andamiaje que organiza y sostiene nuestros procesos sociales, políticos, económicos y culturales.
Son paradigmas: el Instituto Nacional Electoral (INE); el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a partir de la reforma de 1994 que creo las acciones de controversia y de inconstitucionalidad de leyes, se transformó en un verdadero órgano de control constitucional.
Gracias al INE y al TEPJF hemos transitado con éxito, hasta ahora, de un partido hegemónico a la democracia electoral.
Merced, a la reforma constitucional es posible sostener la vigencia de la Constitución para que las leyes y actos de autoridad se sujeten a sus postulados.
Ahora, esas instituciones son el blanco de los ataques del Presidente que se obstina en revivir el pasado régimen presidencialista y las facultades meta constitucionales.
Obviamente, esas instituciones son perfectibles.
Pero es necesario que la ciudadanía defienda su independencia; y que los funcionarios que las integran combinen en sus actuaciones la fortaleza y la templanza.
