Surgen ya las manifestaciones desde la estructura del poder judicial en torno a la reforma anunciada, visiblemente hay una estrategia echada andar desde el grupo que conduce a los tribunales federales que se proyectan en una serie de acciones ya tardías y con la misma frecuencia de la campaña electoral de la oposición, donde predomina la desinformación y con ello el aprovechamiento para pretender confundir dentro y fuera de la institución jurisdiccional.
Los ministros de la Suprema Corte juntos con algunos magistrados y jueces de distrito han emprendido una campaña mediática para descalificar la propuesta de reforma, que dicho sea de paso, tienen sólidos argumentos en el rubro de los riesgos de establecer la designación de jueces y magistrados mediante el voto popular, sin embargo, las líneas discursivas están a todas luces siendo dictadas por actores políticos que mezclan temas llevando el debate más a la arena política desde una trinchera de la oposición que recién fue devastada electoralmente.
Pero es entendible que hay necesidades mutuas entre la oposición política y los integrantes del poder judicial que es de resaltar que la relación y cobijo de ese poder se exhibió en este sexenio dejando en claro que era un bunker donde la oposición se acuartelaba, el mejor y más ilustrativo ejemplo es de aquel orador ex ministro de la Corte en el zócalo capitalino en un evento de la llamada pero ya bien diluida marea rosa, José Ramón Cossio se sabe que tiene una gran influencia en jueces y magistrados en activo, hace política y es parte de un grupo político que fue electoralmente pulverizado pero ahí está, como ideólogo, estratega y activista en esa vertiente contra el presidente y el gobierno.
Por su lado, la ministra presidenta de la Suprema Corte al asumir su mandato se esmeró en hacer notar el contrapeso del poder judicial, lo cual es válido en la normalidad republicana, pero denotaba arrogancia y soberbia institucional con una deliberada actuación política fuera del contrapeso institucional que debe hacerse valer mediante resoluciones judiciales en su ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; pero era la voz de la oposición no la voz del poder judicial la que se hacía sentir en los diferentes foros, hoy la ministra pide diálogo al presidente saliente y a la presidenta entrante, cuando ella misma era parte de esa insurgencia opositora al replanteamiento del Estado mexicano en la implementación del nuevo régimen.
Por mencionar un ejemplo más, los excesos y privilegios económicos de una elite del poder judicial con los que ya tienen décadas, frente a un país con una desigualdad social y niveles de pobreza que no corresponden a los niveles de civilización de la humanidad, al inicio del sexenio se planteó una ley de austeridad republicana para que todo el sector público sin excepción se ajustara y se eliminaran gastos superfluos para generar ahorros y fortalecer una política social mediante programas de atención directa a la población, la respuesta del poder judicial fue la tajante oposición revestida de soberbia y arrogancia para proteger y conservar privilegios, evidentemente negados al dialogo que hoy solicitan.
El poder judicial no hace política exclaman muchos trabajadores que tienen razón, no es su actividad y no tienen porque desviarla, sin embargo algunos ministros y magistrados si hacen política desde la oposición que no hay impedimento legal, lo grave es que su quehacer político de materializaba en sentencias judiciales y eso es totalmente reprobable.
