Del 6 al 20 de mayo, las personas que se encuentran en prisión y no han recibido sentencia, al amparo del principio de presunción de inocencia, podrán votar de manera anticipada en las elecciones de 2024.
En febrero de 2019, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución del juicio ciudadano instaurado por Guadalupe Gómez y Marcos Ruiz, dos indígenas tzotziles de Chiapas, por mayoría de votos determinó que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia; por lo que, ordenó al Instituto Nacional Electoral implementar una primera etapa de prueba antes de 2024, en la que se establezca el cómo, cuándo y dónde se ejercerá la votación anticipada de las personas en reclusión y sin sentencia.
El mayor antecedente del voto en prisión es la votación en las elecciones por la gubernatura en el Estado de México, entidad que alberga al mayor número de población privada de libertad: 35 mil personas.
Durante ese ejercicio, más de 4 mil presos pudieron votar, sin que se registraran incidentes.
Además, en entidades como Hidalgo, Ciudad de México y Chiapas, el derecho de las personas en prisión preventiva a votar en elecciones locales, ya se encuentra en sus legislaciones.
Este ejercicio cívico se realiza por primera vez en una elección presidencial, gracias a la interpretación evolutiva del derecho al voto y de la presunción de inocencia realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral federal en el citado juicio, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana y otros tribunales internacionales en diversos expedientes, lo que ha permitido ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos.
Las más de 50 mil personas en prisión preventiva que podrán votar se encuentran en prisiones ubicadas en 30 entidades federativas; solo los gobernadores de Veracruz y Yucatán, en franca violación de los derechos humanos de su población penitenciaria sin sentencia condenatoria, no permitieron que el INE instalara casillas en sus centros penitenciarios.
En Tamaulipas se recibirá el voto anticipado de 634 personas en prisión preventiva que se encuentran en los Centros de Ejecución de Sanciones de la entidad, el cual permanecerá en sobres cerrados hasta el próximo 2 de junio.
Si bien es cierto, ahora, las personas en prisión preventiva ya tienen garantizado el ejercicio de su derecho al voto en casi todo el país; dadas las limitantes que tienen para acceder a información, cabe cuestionar si cuentan con lo necesario para emitir un voto informado.
Considerando las relatorías sobre la votación anticipada realizada durante el pasado 6 de mayo, se advierte que la información sobre las propuestas de las candidaturas a los diferentes cargos federales y locales, así como el tiempo con el que cuentan para leerla y analizarla antes de votar, son escasos; por lo que resulta difícil creer que se trata de verdaderos votos informados.
Proporcionar información sobre las candidaturas, al menos, un día antes de la emisión de la votación, es necesario, si se aspira a que el voto en prisión sea un voto informado.
