Tamaulipas se encuentra sentado en el diván de la deliberación legislativa. El Congreso local, el día de hoy, podría dictaminar dos iniciativas que buscan tipificar como delito los llamados “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o la Identidad de Género” (Ecosig).
Prácticas que, erróneamente, se denominan “terapias” y que no tienen ningún fundamento científico. En realidad, se trata de formas de tortura aplicadas a personas de la diversidad sexual.
Lo que se debatió ayer, en una sesión de comisiones unidas, no es una ocurrencia. La iniciativa de reforma al Código Penal de Tamaulipas de la diputada Magaly Deandar replica textualmente la redacción ya vigente en la Ciudad de México desde 2020, donde las Ecosig están tipificadas como delito y se alinea con una iniciativa federal.
Las Ecosig representan una historia de persecución: desde la Alemania nazi hasta las políticas represivas del siglo XX. Las terapias de conversión de las personas de la diversidad sexual son la herencia moderna de esa ideología de exclusión.
Sancionar cualquier tratamiento, terapia o método que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la orientación sexual o identidad de género de una persona, particularmente cuando se recurre a la violencia física, moral o psicoemocional son coincidencias entre lo legislado en CDMX y las iniciativas citadas.
Además, para dar más luz al debate, en la sesión de comisiones de ayer, el Dr. Ricardo Hernández Brussolo, presidente del Colegio de Psicólogos de Victoria, expuso que las Ecosig causan depresión, ideación suicida, trauma, aislamiento y disfunción sexual; no curan nada, porque la diversidad sexual no es una enfermedad; carecen de sustento científico y vulneran derechos humanos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la identidad y la integridad.
A pesar de los contundentes argumentos, el debate se volvió estéril. Diputadas y diputados de oposición alegaron confusión de términos, pidieron definiciones que ya estaban escritas y cuestionaron el contenido de las iniciativas.
Ignorar la evidencia y desacreditar la ciencia no es cautela legislativa, pues su labor es garantizar formalmente el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia.
Por otro lado, también cuestionaron la posible interpretación errónea del tipo penal, sin presentar casos donde ya es Ley desde 2020. Las terapias para niñas, niños y adolescentes no son consideradas terapias de conversión si no encuadran en el tipo penal.
A pesar del consenso científico y legal contra las Ecosig, persisten resistencias conservadoras que, desde el prejuicio o el desconocimiento, niegan la humanidad plena de las personas LGBTIQ+. Los derechos no pueden depender de la empatía o voluntad de quienes legislan.
Esta legislatura tiene la oportunidad moral y legal de demostrar que, en Tamaulipas, no se protege a quienes discriminan y violentan por motivos religiosos o en nombre del amor.
Hoy, la diversidad sexual tamaulipeca está en el diván de la deliberación legislativa. Su diagnóstico y, sobre todo, su tratamiento está en manos del Congreso local. Las iniciativas que buscan prohibir las Ecosig no piden concesiones, solo exigen dignidad y libertad para todas las personas.
