La reciente iniciativa presentada por la diputada Magaly Deandar Robinson en el Congreso de Tamaulipas, que busca tipificar el delito de robo de niñas, niños o adolescentes, representa un avance jurídico necesario en contra del robo de menores y la impunidad que arrastra su falta de tipificación.
El Código Penal de Tamaulipas contempla delitos como la privación ilegal de la libertad o la sustracción y retención de menores. Sin embargo, estas categorías son insuficientes si quien se lleva al niño o niña no lo encierra, no limitación físicamente su movimiento y no tiene un vínculo familiar. Este vacío legal ha dejado en la indefensión a muchas familias que han vivido la tragedia del robo de sus niñas y niños.
En la exposición de motivos de la iniciativa de la diputada Deandar Robinson, se relata la historia de José Luis, un hombre adulto que, a sus 40 años, descubrió que había sido robado de su familia biológica por una mujer que nunca le contó sobre su origen, ni sobre la forma en la que llegó a la casa donde vivió con su supuesta familia.
Su historia es una pequeña muestra del grave a las víctimas y sus familias, que lloran la ausencia de sus niñas y niños desaparecidos.
Privar a una niña o niño de conocer sus orígenes y crecer con su familia legítima es atentar contra su dignidad y su proyecto de vida, así como una violación a su derecho a la identidad fundamentado en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, en México, el derecho a la identidad está reconocido en la Constitución Política y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La iniciativa legislativa plantea crear el Capítulo I Quáter denominado Robo de Niñas, Niños o Adolescentes” que incluye el artículo 390 Quater al Código Penal de Tamaulipas, imponiendo penas de 7 a 22 años de prisión, que aumentan si hay daño físico a la víctima. Ésta es una respuesta proporcional a la gravedad del problema y a la obligación del Estado mexicano de proteger a las infancias.
Con esta reforma se brindará mayor certeza jurídica a las familias que exigen justicia, permitirá a las autoridades actuar con eficacia evitando que las personas denunciadas se amparen en lagunas legales. En consecuencia, se fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones.
Iniciativas como la de la diputada Magaly ponen al centro del quehacer legislativo a las infancias y adolescencias y, a la vez, representan una oportunidad para construir un entorno donde la niñez esté verdaderamente protegida.
