En Alemania, a mediados del siglo XX, las personas con una orientación sexual o identidad de género distinta a la convencional fueron confinados en campos de concentración, identificándolas con un triángulo rosa, sujetándolas a prácticas tendientes a corregir su orientación sexual, sustentadas en su Código Penal.
Actualmente, en 64 países, como Qatar, la homosexualidad es un delito.
Aun cuando México no se encuentra entre ellos, en pleno siglo 21 y a 34 años de que la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales; las expresiones homofóbicas y transfóbicas se pasearon en el pleno de nuestra Cámara de Diputados, el pasado 22 de marzo durante el debate sobre la reforma referente a las mal llamadas “terapias de conversión”.
Un debate carente de objetividad y cargado de enojo e impotencia por parte la bancada panista en voz de Gabriel Quadri, Margarita Zavala y María Teresa Castell de Oro.
En su intervención, el diputado panista Gabriel Quadri afirmó: “Con este dictamen, por ejemplo, las personas pedófilas o pederastas o zoofílicas, se les prohibiría ser tratadas psicológica o psiquiátricamente por un especialista en salud, lo que implicaría riesgos enormes para la sociedad”.
Una afirmación muy apartada del contenido de la minuta en discusión, la cual dice: “Artículo 209 Ter. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.”
Por su parte, la diputada panista Margarita Zavala cuestionó la redacción del tipo penal, una postura válida para una diputada; sin embargo, no pudo evitar que su ideología conservadora aflorara en sus argumentos contra la minuta, pues expuso que se desencadenaría una persecución contra los padres de familia.
Un argumento difícil de sostener ya que el texto cuestionado solo refiere lo siguiente:
“En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez”.
No obstante, lo que resultó inadmisible fue el tono despectivo y los ataques personales vertidos por la diputada María Teresa Castell, quien se refirió a la minuta como el capricho de unos cuantos, ideología de pervertidos, de pedófilos y gente enferma, normalizadora de la pedofilia y la ideología de género (concepto creado por El Vaticano), promover la mutilación y hormonización de los niños, de minorías escandalosas y, a quienes se manifestaron a favor de la minuta, les llamó legisladores pervertidos con trastornos mentales.
Un debate de tan bajo nivel denota el profundo desconocimiento sobre el tema.
En última instancia, recordemos que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados aún no tiene fuerza de ley y debe ser revisado en el Senado.
Las legisladoras y los legisladores deben apegarse al respeto a los derechos fundamentales de todas las personas y recordar que no hay #NadaQueCurar.
