El 29 de septiembre del 2021, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), anunciaba el inicio del proceso de liquidación de Accendo Banco, una institución de banca múltiple que luego sabríamos, se llevó entre las espuelas a muchos clientes, incluidos algunos gobiernos municipales y estatales en todo el país.
Uno de esos afectados era el gobierno de Puebla que durante la gestión del extinto gobernador Miguel Barbosa, tuvo la brillante idea de “invertir” 600 millones de pesos de sus participaciones, con la idea generar algunas ganancias.
En descargo del gobierno estatal diremos que no fue el único que cayó en la trampa, porque el de Hidalgo y el de la Ciudad de México entre otros, también fueron víctimas de un banco casi desconocido, y con poca trayectoria en nuestro país.
Sin conocer de finanzas ni mucho menos de inversiones, creo que los responsables de las finanzas pensaron que podrían sacar algún rédito, pero les salió el tiro por la culata, eso pensando sin malicia y suponiendo sin conceder, que esa fuera la intención.
Los malpensados dirían que alguien (de Planeación y Finanzas) pudo haberse llevado una jugosa "comisión política", y por eso no eligieron a Banorte o BBVA por mencionar a dos de las instituciones bancarias más reconocidas en México.
Ahora sabemos que para la Secretaría de la Función Pública (SFP) sí hubo irregularidades en la inversión, y que acusará a dos ex funcionarios barbosistas por desvío de recursos y encubrimiento.
Esto lo dio a conocer ayer Juan Carlos Moreno Valle Abdala, titular de la dependencia, aunque por obvias razones no quiso revelar los nombres de los implicados, pero está claro que deberían ir por la ex secretaria de Planeación y Finanzas (SPF), María Teresa Castro Corro, que si bien puede no ser culpable, sin duda es responsable de esta anomalía y debe aclararlo.
En lo personal creo que el gobierno estatal hace lo correcto, porque una irregularidad de esta magnitud no puede quedar sin castigo como en otras entidades donde no han querido entrarle al tema.
Los recursos públicos nunca deben ser utilizados para generar intereses ni ganancias. El dinero es del pueblo y debe invertirse en proyectos que beneficien a los ciudadanos y generen bienestar para todos, y no para unos cuantos vivales.
