El gobernador Alejandro Armenta hizo ayer una declaración que enciende las alertas para unos cuantos, cuando afirma que en Puebla existe el cartel del despojo, y que se trata de presuntos delincuentes de cuello blanco que además se infiltraron en el Poder Judicial.
Según lo dicho por el mandatario, estos grupos con poder económico y sin escrúpulos, quieren extender sus tentáculos hasta algunas dependencias gubernamentales, pero como ya los detectaron lo van a impedir.
Ahora tiene sentido lo dicho por Armenta y la propia fiscal Idamis Pastor Betancourt, cuando utilizaron esa misma expresión la semana pasada, donde hablaron de la limpia que estaban realizando en algunas agencias del ministerio público, y mencionaron también al Poder Judicial del estado.
Este martes, a pregunta expresa de Notivox Puebla, puntualizó que su administración no cierra los ojos ante estas aberraciones, y les hace frente a estos delincuentes inmobiliarios, pero remató diciendo que ese Cártel Inmobiliario penetró en el pasado hasta en la administración pública.
Sin embargo, por lo que señala, estos delincuentes con dinero y vínculos nacionales se dedican a distorsionar información cuando les afectan sus intereses, por lo que ha pedido a sus colaboradores que los denuncien.
Llama poderosamente la atención que sea el propio mandatario quien saque a relucir un tema que durante décadas ha sido un secreto a voces en la entidad.
Para nadie es desconocido que en el pasado reciente, los funcionarios se convertían en "empresarios" con propiedades y terrenos una vez que terminan su gestión, y por arte de magia aparecían como personajes exitosos en el mundo de los negocios.
Un vez desvelado el escabroso asunto, están obligados a investigar y sobre todo a dar resultados, para que los ciudadanos conozcan de ser posible, los nombres de esas empresas que ahora se dedican a especular, y sobre todo aquellos que utilizan influencias para abusar de los más desprotegidos.
En la zona metropolitana de Puebla existen decenas de denuncias, algunas se hicieron públicas en su momento, de ejidatarios que fueron despojados de sus tierras y en muchos de esos casos, existió contubernio con jueces y magistrados que siempre se inclinaban por los dueños del dinero.
El principal argumento para impulsar la reforma Judicial ha ido precisamente el de acabar con la corrupción en los juzgados civiles y mercantiles, donde los influyentes se salían con la suya. Ahora al menos, con esta declaración de Armenta queda claro que buscarán impedir que se repitan las historias de abusos en contra de los que menos tienen.
