En México, y por supuesto Puebla no es la excepción, miles de ejidatarios y hasta particulares, han sido despojados de sus terrenos por empresarios voraces en complicidad con juzgadores y magistrados a cambio de fuertes cantidades de dinero.
Coincido con el término “delincuentes de cuello blanco”, que señala el gobernador Alejandro Armenta, porque al igual que los criminales nos han arrebatado la tranquilidad en los últimos años, y se asocian para fregar a los más desprotegidos.
Sin embargo, en nuestra entidad no solo hay malandrines fifís que utilizan el poder del metal que brilla, pues además del llamado Cártel del Despojo que está conformado por gente cercana al poder, también hay delincuentes que escudándose en liderazgos sociales abusan de los más desprotegidos.
En lo personal considero que esos falsos dirigentes de organizaciones gremiales o de comerciantes, que en Puebla abundan, son peores porque lucran con la necesidad de la gente que busca un terreno o un espacio para ganarse la vida de manera legítima.
La disputa por el lucrativo negocio afuera de los estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán acaba de costar una vida inocente, y parece que a nadie le interesa porque solo cuando los medios hacemos presión buscan resolverlo de inmediato.
Este asunto se viralizó y fue tema de conversación hasta en programas deportivos, donde algunos periodistas como David Faitelson quieren atribuir al futbol la responsabilidad de un conflicto entre organizaciones que durante años fueron apapachadas por gobiernos del PRI, PAN y Morena.
A nivel nacional estamos por ver la llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un personaje de origen mixteco como el magistrado de Hugo Aguilar Ortiz, de quien se espera imparta justicia y otorgue la razón a quien la tenga sin tomar en cuenta la posición económica.
Por cierto acaba de invitar a Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa para que se integre a su equipo en la presidencia de la Corte de Justicia y en opinión del poblano Carlos Marín, el Poder Judicial de la Federación está por entrar en un predecible proceso de “chatarrización”.
La justicia en Puebla y en el país se debe garantizar con juicios transparentes y apegados a derecho, y no dando golpes mediáticos o invitando a un miembro de cada segmento social. La Constitución y las leyes que de ella emanan tienen artículos tan claros, pero lo que ha fallado es la interpretación que de manera convenenciera le dan los políticos de todos los partidos políticos desde hace varias décadas.
