El 7 de noviembre habrá elecciones presidenciales en Nicaragua, pero el resultado es muy previsible: el presidente Daniel Ortega logrará su tercera reelección y un quinto mandato presidencial.
No se necesita una bola de cristal para saberlo: desde mayo al 30 de septiembre, la policía de ese país ha detenido a 37 opositores —siete de ellos posibles candidatos presidenciales— mediante una ley de defensa, aprobada en diciembre de 2020, que ha sido cuestionada por gobiernos y organizaciones internacionales. En realidad, esa ley se utiliza para detener gente a conveniencia y restringir los derechos políticos. Lo mismo se les investiga por “provocar y conspirar para cometer actos terroristas” que por “conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional”.
Ortega ya también reformó la ley para poder seguir reeligiéndose indefinidamente. Si no existe oposición en las elecciones y todo está hecho para que el presidente siga en el poder eternamente, a través de la supresión de derechos individuales y leyes ilegales, habrá que nombrar a Ortega por lo que es: un dictador.
Nicaragua ya es un hoyo negro donde la legalidad, la justicia y los derechos humanos parecen no existir, y que se está quedando cada vez más solo ante la comunidad internacional. Ha habido pronunciamientos internacionales, cartas de intelectuales, convocatorias a consulta de embajadores de Nicaragua en distintos países y demás gestos diplomáticos. Al final, a Ortega le ha importado poco. Los encarcelamientos siguen sucediendo, las elecciones se acercan y él mantiene el poder. Será muy complicado que los nicaragüenses puedan hacer algo solos ante el régimen de terror en el que viven.
En 2018, manifestaciones masivas que pedían un cambio en el gobierno dejaron más de 300 civiles muertos y aproximadamente 124 presos políticos por parte del régimen del matrimonio de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Desde entonces, las cosas solo han empeorado. Hasta ahora nadie sabe bien cuántos casos de covid-19 ha habido y la economía sigue en picada. La migración forzada desde ese país crece por miles año con año, y los presidentes centroamericanos han señalado que puede causar una crisis humanitaria.
La prensa del país también está casi totalmente silenciada y amenazada, tras los allanamientos por parte del gobierno de los edificios de La Prensa, Confidencial y el Canal 100% Noticias, que pasaron de facto a ser propiedad del Estado. También han hecho acusaciones legales contra periodistas, por lo cual es muy difícil saber qué es lo que está pasando realmente al interior.
En pleno siglo XXI, en América Central hay una dictadura que debería de avergonzarnos a todos, y ante la que estamos haciendo muy poco. En 30 años, al voltear hacia atrás, Nicaragua será uno de los grandes fracasos de América Latina en la primera mitad de este siglo.
En un momento donde los populismos y sus representantes buscan tomar un poder indefinido, el ejemplo de Nicaragua y la inacción del mundo ante su dictadura son un muy mal ejemplo. Más le vale a América Latina no dejar que ese hoyo negro que han creado los Ortega-Murillo siga creciendo.
Mael Vallejo
@maelvallejo
