El 18 de diciembre se celebra el día internacional del Migrante, y México nuevamente se encuentra en la lupa con el lamentable accidente carretero ocurrido el 9 de diciembre en Tuxtla Chiapas, en el que, a bordo de un camión de carga eran transportados 150 migrantes hacinados, de los cuales tristemente fallecieron 55, más de 70 personas heridas entre ellas menores de edad.
Sus nacionalidades; Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Salvador y Honduras.
Este hecho tan doloroso hace evidente que el proceso migratorio es desafortunado y pone de manifiesto la incapacidad de las instituciones para una política de protección como lo ha mencionado este gobierno, sino más bien es una política de control, represión y de contención.
El proceso migratorio en la Región quiera México o no, continuará tanto de la población centroamericana como la de los miles de mexicanos del centro y sur de nuestro país, que están siendo desplazados por la violencia y la inseguridad.
Estados Unidos seguirá siendo un país codiciado para tener oportunidades laborales y que en gran medida pueda resolver la situación económica y seguridad tanto de los centroamericanos como de mexicanos, ya que no existen condiciones para darles mayor seguridad.
La política de control que México ha instaurado ha obligado a miles de centroamericanos y los propios mexicanos a buscar otras vías para evadir los puestos de control, (aparentemente para proteger) sin embargo buscan a quienes puedan llevarlos o guiarlos por nuestro país para poder llegar a la frontera con Estados Unidos, lo cual ha generado una derrama económica en los traficantes de personas para hacer este trabajo, que, a mayor control, mayor el costo e incrementando los riesgos.
El pasado mes de Octubre de 2021, en Tamaulipas de la misma manera se encontraron 652 migrantes en 3 camiones de carga, hacinados, sin ventilación por lo que pone en relieve que estos lamentables hechos seguirán ocurriendo en nuestro país con una política de control, contención y no de protección.
En un año que sigue marcado por la pandemia requiere de una solidaridad internacional que garantice medidas que permitan la reconstrucción social y económica.
Los derechos humanos constituyen la base inherente de la dignidad humana y por ende de una vida digna.
El compromiso de los gobiernos debe ser la de promover y defender la dignidad y los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
