El Instituto Nacional Electoral (INE) está transitando por sus últimos momentos como corporación autónoma baluarte de la democracia. La presidenta Sheinbaum anunció el martes 24 pasado los contenidos de su próxima reforma política, que revive muchos de los contenidos del famoso Plan A de abril de 2022 de AMLO, que había sido bateado por la legislatura anterior (https://tinyurl.com/28v2cobn). Se ha constituido un grupo de trabajo para presentar la iniciativa este mismo año, con aplicación en las elecciones de 2030.
Con base en los antecedentes son esperables los siguientes cambios: 1) la transformación del INE en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), respondiendo a la fijación de los morenos por los mecanismos tramposos de la democracia directa; 2) la desaparición de los organismos electorales locales y la asunción de sus funciones por el gigantesco INEC; 3) un Consejo General de siete consejeros electorales electos popularmente (otro disparate como la pasada elección judicial); 4) el mismo mecanismo para la elección de magistrados electorales; 5) la eliminación de los diputados y senadores por representación proporcional, regresando al viejo modelo de mayorías relativas; 6) la reducción a la mitad del financiamiento público a los partidos políticos, lo que los inducirá a buscar fuentes privadas o ilegales, mientras que el partido gobernante tendrá acceso a las transfusiones furtivas desde el erario, como sucedía hasta 1997; 7) homologación (centralización) de los modelos políticos subnacionales, incluyendo los legislativos locales y los ayuntamientos; 8) cambios en el modelo de comunicación política; 9) en los procesos de consulta y revocación de mandato, la reducción del umbral de participación vinculante al 30%; etcétera.
El actual consejo general del INE ha sido colonizado progresivamente por simpatizantes del régimen cuatroteísta, hasta convertirse en la mayoría que permitió otorgarle una grotesca sobrerrepresentación a la coalición gobernante, y recientemente avalar los resultados de la barroca elección de jueces, magistrados y ministros del poder judicial. En términos reales el INE se ha alineado, como la CNDH, a los caprichos del régimen. Lo mismo ha sucedido en muchos organismos locales.
La reforma sólo dará la última vuelta a la tuerca a la cooptación autoritaria del sistema electoral. Pero sus mayores repercusiones se sentirán en el resto de las instancias de representación política del país, que consolidarán el retorno al estado monolítico y unívoco que creímos haber superado con la transición democrática.
Me dio esperanza testimoniar la sesión del Consejo General del INE del 15 de junio pasado, la del “elefante en la sala”, con la intervención sensata y certera de seis de los consejeros, que criticaron las trampas y fullerías perpetradas en todo el país en la farsa de la elección judicial. Sorprendió el resultado de la votación, que evidenció la facilidad con que se presiona y coarta en tiempo real a algunos consejeros. Alguno, alguna, demostró tener convicciones de plastilina.
El globo de la sesión del 26 evidenció la pobreza argumentativa y la carencia de sentido del ridículo de los perpetradores de la sinrazón.
