La legislación de Guanajuato es la única en el país que no tiene plazos específicos para que las iniciativas de ley que presentan les diputades sean analizadas. Sin reglas claras, el procedimiento legislativo es manipulado por el partido mayoritario de forma que sólo lo que les parece relevante es efectivamente discutido, dictaminado y votado. En la tierra en que el Partido Acción Nacional mantiene su bastión, no es difícil entonces imaginar lo que representa –en muchas ocasiones– ser una persona legisladora de oposición: una voz sin voto. Y vaya, si a esto le sumamos ser una aliada de las causas progresistas, el panorama es aún más sombrío.
Dice la Suprema Corte que para mantener vivo el régimen democrático, se tiene que respetar el derecho a participar de todas las fuerzas políticas; que se tiene que permitir que las minorías parlamentarias se expresen y defiendan sus puntos de vista; que el procedimiento legislativo tiene que culminar con un procedimiento de votación, y que se tiene que garantizar que estos procesos sean lo más público posible. En tanto nada de esto pasa en nuestro Congreso, podemos concluir que en Guanajuato la vigencia del principio democrático brilla por su ausencia.
¿Qué hacer ante esta realidad tan desoladora? Me permito informarle, querides lectores, que en noviembre del año pasado un grupo de personas lesbianas, gays, trans y no binarias presentamos una demanda de amparo porque las iniciativas que se han presentado para intentar garantizar nuestros derechos nunca se han siquiera dictaminado. Sin embargo, la transcendencia de esta demanda va más allá de la esfera de nuestros derechos, en tanto lo que buscamos es terminar con la discrecionalidad del partido mayoritario en el Congreso.
¿Que si esto le beneficia a usted? Mi percepción es que sí y por dos motivos. Primero porque quitarle el monopolio al PAN en el Congreso es un avance para que todas las voces sean escuchadas y no sean únicamente elles quienes decidan cuándo y qué temas pueden discutirse; es decir, creo que no me equivoco en pensar que a todas las personas en Guanajuato nos conviene más democracia. La segunda razón es algo más aspiracional: desearía que, a usted, como a mí, le pareciera que garantizar más derechos para más personas es siempre una buena noticia.
La historia de esta demanda de amparo está lejos de terminar y hemos pedido a la Suprema Corte que conozca del caso para que, de una vez por todas, aclare si es que tenemos razón en considerar que el procedimiento legislativo no debe quedar exclusivamente en manos de la mayoría. Ojalá que Acción Nacional se dé cuenta que esto es indispensable ahora que la Junta de Gobierno dejó sobre la mesa la necesidad de crear una nueva Ley Orgánica para el Congreso de Guanajuato y no se espere a que un Tribunal Federal –Colegiado o la Suprema Corte– le ordene enmendar la plana para corregir la cruda realidad actual: esa que nos dice repetidamente que, en nuestro estado, el Congreso es de Uno.
Nota: ¿Se dio cuenta que este texto usa lenguaje incluyente? Es deliberado. Gracias a Notivox León por permitirlo.
Juan Pablo Delgado
@JPablo_Delgado
