Es bien sabido que Guanajuato se mantiene como uno de los pocos estados que no ha adoptado legislación para reconocer los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. En esta tierra, conforme a la ley vigente, las parejas del mismo género no pueden casarse, las personas trans no pueden rectificar sus documentos de identidad, y la violencia y discriminación contra personas LGBTQ+ no existe.
Aspirando a modificar esta realidad, un número creciente de personas han emprendido diversas formas de activismo, entre las que destacan marchas, manifestaciones, campañas de sensibilización, eventos culturales, apertura de espacios de organización comunitaria y más recientemente, acciones de litigio. Por ser una estrategia en la que me he involucrado en los últimos años, en esta entrega expongo una realidad que el litigio estratégico ha conseguido demostrar: el Congreso del Estado de Guanajuato no sólo frenará cualquier iniciativa que aspire a reconocer los derechos de la diversidad, sino que hará todo lo posible por defender el statu quo legislativo cuando se le reta por la vía judicial.
Tal vez usted no lo recuerde, pero hace seis años la causa de la rectificación de las actas de nacimiento de las personas trans guanajuatenses empezó a defenderse frente a los tribunales federales. Estos juicios intentaban obligar a la Dirección General del Registro Civil de Guanajuato a expedir actas que reconocieran la identidad de género de las personas trans, pero también a declarar como inconstitucional el contenido del Código Civil local por obligarles a agotar un juicio invasivo para conseguir ese fin.
Tras meses de litigio, la causa parecía avanzar de forma significativa: de acuerdo con la mayoría de las sentencias de primera instancia, el Registro Civil y el Congreso de Guanajuato –en su calidad de autoridades responsables– eran encontradas como violatorias de derechos humanos por no permitir el acceso a la rectificación de las actas de nacimiento conforme a la identidad de género percibida. Sin embargo, la historia se tornó complicada cuando el Congreso de Guanajuato decidió inconformarse con el contenido de las sentencias y decidió presentar recursos de revisión que terminaron por revertirlas. Así, en 2017, Guanajuato se hizo nacionalmente conocido como el lugar en que las personas trans debían –por jurisprudencia– agotar un juicio para poder ser reconocidas; situación que se mantuvo como regla hasta 2019, año en que la Suprema Corte de Justicia declaró que esas personas que pedían ser reconocidas desde 2016 siempre habían tenido razón.
Hoy la historia no es muy diferente. El viernes de la semana pasada se dio a conocer que un grupo de personas de la diversidad ganaron un amparo al Congreso del Estado por excluir a estas poblaciones del Presupuesto de Egresos 2022. Tres días después, el Secretario General del Congreso comunicó a medios de información locales que la sentencia había sido impugnada. En los próximos meses nos enteraremos de qué lado se inclina la balanza, pero, por lo pronto, podemos asegurar que el Congreso lo volvió a hacer: hizo todo lo posible por defender el statu quo legislativo con tal de negarle sus derechos a las personas LGBTQ+ guanajuatenses.
Juan Pablo Delgado
@JPablo_Delgado
