Que la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Presidente de la República no haya sido aprobada no es la única buena noticia para el medio ambiente de la que usted debería enterarse: hace tres semanas se aprobó una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial –obligatoria para todo el país– que contempla entre sus principios rectores el de sostenibilidad. Lo anterior implica que, si bien hay que satisfacer las necesidades de movilidad de quienes vivimos en México, esto no debe suceder a costa del entorno ambiental.
Entre los conceptos centrales de esta legislación se encuentra la definición de la jerarquía de la movilidad, es decir, establecer qué personas tienen –o deberían tener– prioridad en el uso de la vía pública. En la construcción de esta clasificación (no exclusiva de la ley mexicana) se tomaron en cuenta factores como el grado de utilización de cada método de transporte, el nivel de vulnerabilidad de las personas usuarias y una serie de análisis de costo-eficiencia, entre los que se encuentra el ambiental.
En orden descendente, la clasificación establecida en ley es la siguiente: 1) peatones, 2) ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados, 3 servicio de transporte público, 4) servicios de transporte de carga y 5) vehículos motorizados particulares. ¿Por qué van al final? Simple: es el método de transporte menos eficiente por ser el más caro, el que moviliza a menos personas y claramente el que contamina más.
¿Qué implicaciones tiene comprender así la jerarquía de la movilidad para una ciudad como León? De entrada, entender que la inversión en infraestructura vial debiese seguir la pirámide propuesta.
Para peatones, invertir para que puedan caminar de forma segura y accesible. Esto es, que existan banquetas amplias y libres de obstáculos para el tránsito, incluyendo la obligación de hacer los ajustes razonables para personas con discapacidad, mayores y cualesquiera otra con movilidad limitada.
Para ciclistas y vehículos no motorizados, invertir en ciclovías habilitadas del lado derecho de las calles, con señalética visible e infraestructura adecuada.
Para servicio de transporte público, invertir para tener un sistema geográficamente accesible, asequible, sin discriminación, de calidad y que permita garantizar el acceso a las escuelas y fuentes de trabajo.
¿Y para quienes usan automóvil? Incentivos y hasta desincentivos para que sean gradualmente menos, se utilice en menor medida y sea una opción cada vez más colectiva.
Así, por ejemplo, la solución al desahogo del tráfico de Bulevar Aeropuerto no debiese ser pensada priorizando la construcción de nuevos carriles y vialidades, sino desde la promoción de alternativas colectivas y no motorizadas.
¿Decisión impopular? Tal vez, pero ha quedado claro en los últimos meses que no todo debe someterse a consulta y menos la garantía de los derechos. Y la movilidad y el medio ambiente sano, querides lectores, son derechos humanos.
Juan Pablo Delgado
@JPablo_Delgado
