El derecho en México ha evolucionado a pasos agigantados en las últimas décadas. Dos reformas fueron las que sacudieron los cimientos de nuestro sistema jurídico.
La primera de ellas fue la reforma constitucional en materia penal del año 2008.
Por medio de ella se estableció, entre otras cosas, el sistema penal acusatorio y oral.
La segunda fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual supuso un cambio de paradigma en la manera de concebir y aplicar el Derecho nacional e internacional.
Otras dos reformas importantes realizadas en los últimos años son la reforma en materia mercantil y en materia de justicia del trabajo.
En cuanto a la primera de ellas, desde el año 2018 se empezó a implementar el juicio oral mercantil, lo cual implicó una serie de retos para su implementación en los tribunales locales de las entidades federativas y en el Poder Judicial de la Federación, como por ejemplo:
la capacitación de los operadores judiciales y de los/as litigantes, la modificación de sus instalaciones, etcétera.
Mientras que, la reforma constitucional en materia de justicia del trabajo del año 2017 establece la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a nivel nacional y local, y la implementación de centros de mediación y negociación, así como tribunales laborales orales que diriman las controversias en materia laboral.
Todos estos cambios en la administración de justicia en nuestro país exigen una serie de cambios en la enseñanza-aprendizaje del derecho en las universidades de nuestro país, puesto que el nuevo derecho requiere la presencia de otras competencias y habilidades para su ejercicio.
Esta serie de cambios que han sobrevenido en nuestro país en los últimos trece años suponen un reto para las universidades mexicanas en lo que respecta a la formación académica de las nuevas generaciones de abogados y abogadas.
