La propuesta de dotar con armas de fuego a los agentes de tránsito en Torreón es un tema que merece una profunda reflexión.
Esta medida, que avanza en la agenda municipal, no solo es inconstitucional e ilegal, sino que también representa un peligro para la convivencia social y el respeto a los derechos humanos.
Desde una perspectiva jurídica, la Constitución Mexicana establece en su artículo 21 que la seguridad pública es responsabilidad de la Federación, los estados y los municipios, comprendiendo la prevención, investigación y persecución de delitos.
Sin embargo, los agentes de tránsito no están destinados a funciones de seguridad pública, sino a la regulación vial y la aplicación de sanciones administrativas.
En este sentido, la propuesta de armarlos contraviene el principio de legalidad, pues no existe una norma que los faculte para portar armas de fuego.
Además, otorgarles esta facultad violaría el artículo 16 constitucional, que exige que toda actuación de autoridad esté debidamente fundada y motivada en la ley.
El municipio no puede, por su cuenta, ampliar las facultades de los agentes de tránsito sin que ello esté previsto en la legislación estatal o federal, lo que abriría la puerta a impugnaciones jurídicas e incluso a una acción de inconstitucionalidad.
Por otro lado, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que el empleo de armas de fuego debe ser excepcional y justificado, lo que difícilmente se puede aplicar a los agentes de tránsito, cuyo trabajo no implica combate a la delincuencia.
Asimismo, diversas normas internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, establecen que el uso de la fuerza letal por parte del Estado debe ser estrictamente necesario y proporcional.
Armar a los tránsitos sin que exista una necesidad real de defensa o control del crimen contraviene estos principios fundamentales.
Si bien es cierto que han ocurrido episodios en los que ciudadanos han actuado de manera agresiva contra agentes de tránsito, esto no justifica una medida tan extrema.
La solución no debe ser aumentar el potencial de violencia, sino mejorar la capacitación de los agentes, fortalecer la cultura de la legalidad y garantizar que las instituciones funcionen conforme a derecho.
Dotar de armas de fuego a quienes no están entrenados solo incrementará la posibilidad de abusos y errores fatales.
El gobierno municipal debe reconsiderar esta medida, pues no solo representa un grave error jurídico, sino que también puede generar consecuencias sociales impredecibles.
En lugar de apostar por la fuerza, se debe trabajar en estrategias integrales que mejoren la seguridad vial sin comprometer el respeto a la legalidad y los derechos humanos.
La ciudadanía merece una solución efectiva y legítima, no una política improvisada que podría abrir la puerta a mayores problemas.
