Con el impulso del Presidente López Obrador, el ajuste y el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el aval del Congreso de la Unión y la logística del Instituto Nacional Electoral, avanza la organización del primer ejercicio de democracia directa que tendremos en México, en la jornada del próximo domingo 1 de agosto.
Prevista por el artículo 35 de la Carta Magna y regulada por 65 artículos que contiene su Ley Federal, la Consulta Popular es el instrumento que permite a la ciudadanía participar directamente en las decisiones públicas, a través del voto, sobre temas de trascendencia nacional.
Remitida por el Presidente López Obrador el 15/09/2020, el Senado turna la petición de consulta popular a la Suprema Corte de Justicia para su revisión constitucional, siendo aprobada con ajustes de redacción el 01/10/2020.
Modificada la pregunta, el Senado aprueba la procedencia de la consulta el 07/10/2020 y la Cámara de Diputados concede el aval el 22/10/2020.
Superado el procedimiento constitucional y legal, la Consulta Popular tiene ahora un desafío mayor: lograr que su resultado sea vinculante; es decir, que la autoridad actúe obedeciendo el mandato de los votos.
Y para que esto suceda, se requiere la participación de por lo menos el 40% de la ciudadanía inscrita en el Listado Nominal, como lo exigen los artículos 35 de la Carta Magna y 64 de la Ley Federal de Consulta Popular.
Umbral que ronda en los 37’198,096 votos, a razón de 651 en cada una de las 57,138 mesas receptoras que se instalarán en el país.
Un desafío que puede ser superado con el acompañamiento y la convocatoria de los liderazgos que Morena tiene en los estados.
Como lo está haciendo el senador Américo Villarreal Anaya, fijando una meta para que en las 1,651 mesas receptoras que se instalarán en Tamaulipas se recolecten 1’651,000 votos.
Por lo pronto, la consulta ya tiene un voto asegurado en Tamaulipas: no solo daré respuesta a la pregunta binaria, sino que seré observador acreditado por el INE, del primer ejercicio de democracia directa organizado en México, tras cuatro intentos fallidos impulsados por el PAN, PRI, PRD y Morena en 2014.
