Hasta la Reforma Electoral de 2014, los partidos políticos no eran sujetos obligados para entregar información a la solicitud de los ciudadanos.
Es decir no se podía solicitar información sobre sus finanzas, o sobre las actividades que realizaban en campaña; la única forma de acceder a cierta información de los partidos, era por medio de los institutos electorales en cada entidad de la república. Solo en algunos estados eran considerados sujetos obligados directos, es decir; que sí existía la posibilidad de solicitar información.
La herencia administrativa del gobierno en México se construyó a partir del secreto de Estado, de la visión de retener y controlar la información como mecanismo de control social persistió durante muchos años pero con la alternancia electoral en el 2000 se abrió la pauta para impulsar la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI por sus siglas) que actualmente lleva el nombre de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Por ello, desde un inicio en el contexto histórico; los partidos políticos en México tuvieron un gran margen de discrecionalidad, porque también estas entidades políticas tenían fuertes retos, impulsar campañas electorales en distintos contextos, para unir a la sociedad heterogénea y promoverla democracia.
Los partidos como entes obligados a informar y ser observados, tienen un fuerte componente de gobernanza, porque involucran a los ciudadanos en procesos de vigilancia proactiva. Los partidos de oposición están revisando a sus contrincantes, para conocer sus vulnerabilidades, en qué ejercen el presupuesto; pero de igual forma, los partidos adversarios están siendo vigilados. Vivimos en un proceso de transparencia abierta, donde el modelo de gobierno abierto está buscando impulsarse ahora hacia los partidos políticos.
La transparencia promovida por el gobierno abierto, como mecanismo de interlocución entre gobernantes y gobernados, trae consigo una complejidad compuesta por el diseño institucional (institutional enforcement, en inglés), que determina los incentivos de acción para los políticos que buscan ganar la simpatía de los ciudadanos para obtener sus votos, legitimidad en el gobierno y ejercicio democrático de las instituciones en un Estado de Derecho. Aunque también se presenta como un ejercicio entre los grupos de presión y la racionalidad de los actores políticos que tienen que asumir un rol de competitividad electoral.
Sólo habrá más competencia partidista en la medida en que se conozca más sobre los partidos políticos, sus plataformas gubernamentales, propuestas de campaña y por supuesto, dónde gastan el dinero. Los partidos políticos invierten no sólo en campañas electorales, sino tienen un proceso de ideologización de la ciudadanía, mediante becas, programas de gobierno, literatura e incluso prácticas discursivas que llevan a través de campañas a promocionar sus ideales.
