El 28 de agosto de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica el Programa de Fomento a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INMEX por sus siglas.
Esta medida prohíbe la importación temporal de calzado terminado, clasificado en las fracciones arancelarias 64.01 a 64.05 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. El calzado afectado incluye tipos impermeables, deportivos o casuales de sintético, piel y tela.
El IMMEX permite a las empresas importar temporalmente bienes sin pagar aranceles, con la obligación de reexportarlos tras su uso en procesos productivos. Sin embargo, en el sector calzado, se detectó un mal uso: importaciones de productos ya terminados que no se reexportaban, sino que se vendían en el mercado interno, evadiendo impuestos y compitiendo deslealmente con la industria nacional.
Las importaciones bajo este esquema crecieron exponencialmente: en 2024, aumentaron 159% en volumen y 60.3% en valor respecto a 2023. En 2021, por cada par importado se retornaban seis, pero en 2024 la proporción cayó a menos de uno. Esto generó una caída del 12.8% en la producción nacional, pérdida de empleos y contrabando técnico bajo el esquema de subvaluación de mercancías.
La Secretaría de Economía ha enfatizado que la medida busca proteger la competitividad, incrementar la producción local y evitar prácticas que dañan al empleo.
El decreto incorpora estas fracciones al Anexo 1 del IMMEX, excluyéndolas de la importación temporal. Ahora, el calzado terminado debe pagar aranceles promedio del 25%, equiparándolo a las obligaciones de los fabricantes mexicanos, aunque se mantienen excepciones para importar partes o componentes para maquila en México, alineado con tratados como el T-MEC.
La iniciativa busca recuperar empleos en la industria zapatera, que genera miles de puestos en regiones como Guanajuato y Baja California.
El Ejecutivo Federal ha destacado que no es temporal la prohibición, sino una acción permanente para fomentar la manufactura nacional. En ese sentido, se prevé un repunte en la producción local y mayor equidad comercial, aunque podría elevar precios al consumidor. La decisión se circunscribe en la política de sustitución de importaciones y fortalecimiento de la economía interna; asimismo, es un paso clave para salvaguardar una industria vital, promoviendo el “Hecho en México” frente a la globalización desregulada.
Con todo ello, el decreto tiene un enfoque proteccionista que si bien pretende priorizar la industria y el empleo local, combatiendo prácticas desleales, puede llegar a generar alzas de precios y tensiones con socios comerciales. Su éxito dependerá de la capacidad de la industria mexicana para responder con mayor producción y competitividad, así como de políticas complementarias que mitiguen impactos negativos en consumidores y maquiladoras. Desde una perspectiva de desarrollo económico interno, es una medida con potencial positivo, pero no está exenta de riesgos.
