En medio de la disputa partidista cotidiana que enerva al estado de Nuevo León se zarandean las instituciones republicanas y se soslaya la definición de las competencias de los poderes.
Los diputados se desgreñan por quitarle facultades al Ejecutivo para atribuírselas al Congreso, como si estuviera integrado por especialistas, o al menos por genuinos servidores del interés público.
Quieren, por ejemplo, fijar el costo del pasaje en el transporte público. O sea el control de precios del que abominaban en los años 80.
Con criterio de viejitas censuran los sistemas de financiamiento público-privado; los arrendamientos financieros que rigen en las empresas y en el mundo entero para pagar rentas, en lugar de comprar. Ellos deben juzgarlos y votarlos.
Prohíben las cuotas en las escuelas públicas volviendo al esquema del Estado paternalista y absorbente.
En el colmo del populismo demandan que el transporte público sea gratuito para escolares y estudiantes. ¿Y el costo? Pues que vuelva el Gobierno a los nefastos subsidios del pasado.
Quieren cerrarle el grifo financiero al plan Monterrey VI, aunque causen la próxima y letal crisis del agua.
Eso sí, para fin de año verá a los ínclitos defensores del interés ciudadano saltar del Congreso como si fuera sartén ardiente, listos para competir por el siguiente cargo de elección popular.
