Las propuestas legislativas en temas de procuración y administración de justicia distribuidas el martes por el nuevo fiscal general de la República, Alejandro Gertz, con el apoyo del consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer, violan derechos humanos, vulneran la división de poderes, anulan el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y concentran facultades de manera preocupante en el fiscal general.
Después de una sesión en el Senado originalmente convocada para la presentación formal de los proyectos, sorpresivamente Gertz y Scherer acordaron que estos se remitirían el 1 de febrero para iniciar su proceso legislativo.
El amplio paquete legislativo consiste en la reforma a 14 artículos constitucionales, la creación de cuatro nuevas leyes y la reforma a otras cuatro. Se trata de un conjunto de iniciativas que tendrían efectos alarmantes y negativos. Veamos una breve síntesis de su contenido.
Entre las disposiciones que violan derechos humanos podemos citar los siguientes, a manera de ejemplo:
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de democracias en el mundo, se ampliaría el alcance del arraigo. De ser una figura que se circunscribe a la delincuencia organizada, en la iniciativa se plantea utilizarla en cualquier tipo de delito. Es decir, la Fiscalía podría retener en las instalaciones que cuenta para ello, y hasta por 40 días, a cualquier presunto responsable de delitos, mientras integra los elementos necesarios para ser presentados a la autoridad judicial.
En los casos de cateo, ahora la ejecución en que se llevan a cabo estas intromisiones a la propiedad privada, podrían ser validadas por la propia autoridad que efectuó y no necesariamente por el ocupante y dos testigos que él propusiera.
De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Constitución, se podrían permitir intervenciones a las comunicaciones no solo en temas de índole criminal, sino también en temas fiscales y electorales. Es decir, ante la solicitud hecha por el Ministerio Público, un juez federal podría autorizar que se intervengan comunicaciones de un presunto defraudador fiscal, o bien de un candidato o partido político.
Respecto a los juicios penales, ahora las pruebas podrían ser desahogadas en cualquier momento, y no solo en la audiencia principal. De la misma manera, se plantea la desaparición de los jueces de control, figura clave de garantía de imparcialidad de los jueces principales en un juicio.
De manera muy grave, uno de los proyectos establece que las pruebas ilícitas (aquellas obtenidas de manera ilegal o violando derechos) podrían ser valoradas y tomadas en cuenta por un juzgador.
En el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se establece la facultad del Ministerio Público para ordenar la detención de personas cuando existe la “probabilidad” de que hayan participado en algún delito calificado como grave, aún sí se trata solo de tentativa. Y recordemos que a estos delitos se les impone la prisión preventiva. Es decir, se volvería al viejo escenario en donde los presuntos responsables llevarían su juicio desde prisión.
Por otra parte, las iniciativas vulneran la división de poderes al crear un nuevo tipo de tribunales especializados “en responsabilidad penal”, cuya función sería conocer de presuntos delitos cometidos por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Estos jueces se nombrarían por el Senado, el cual también se encargaría de su vigilancia y disciplina. Esta aberración busca que el Senado tenga un instrumento de control sobre el Poder Judicial.
En este mismo sentido, se dispone que el presupuesto de la Fiscalía se establezca de manera fija en la propia Constitución como un porcentaje del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto, que en principio podría verse como una ventaja para apoyar el trabajo de las fiscalías, en realidad eliminaría el control democrático anual que la Cámara de Diputados realiza sobre todos los órganos públicos.
Gertz pretende la aprobación de una nueva ley de la fiscalía, que desplazaría la creada en diciembre de 2018 por organizaciones, academia y representantes del nuevo gobierno. Esta primera ley establece obligaciones importantes para el nuevo fiscal, además de una estructura novedosa para responder de manera flexible a los retos delincuenciales. El proyecto intenta crear una estructura vertical, jerárquica, concentrada y burocratizada, desconociendo lecciones aprendidas de otros sistemas de procuración exitosos.
Gertz está obligado a cumplir con la ley de la fiscalía y dar resultados en la investigación y persecución de delitos. Su autonomía no presupone que puede dejar de cumplir con esas obligaciones y ponerse a legislar leyes y reformas a modo. Esperemos que el Senado esté a la altura en la discusión y análisis a partir de febrero.
Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
