La ley en curso para limitar el amparo sigue la lógica de crear un gobierno autocrático.
Es el designio compartido por la presidenta Sheinbaum y el ex presidente López Obrador.
La discusión se ha entretenido en un artículo transitorio que volvería retroactiva la ley.
El líder morenista de los diputados dijo que el transitorio será corregido. Lo dijo después de que lo pidiera la presidenta Sheinbaum, en su barra mañanera.
La retroactividad es un disparate, salvo porque, con la 4T, todo es posible. La verdadera amenaza para los derechos ciudadanos es la ley de (des)amparo que se propone.
Tiene puntos finos, según los especialistas, pero su corazón es un atentado contra la protección fundamental que la ley de amparo otorga a los ciudadanos.
Esa protección es suspender provisionalmente la ejecución de actos de autoridad, para que el acusado pueda defenderse. Lo que la ley propuesta suprime es, precisamente, la suspensión protectora, cuando la decisión viene de una autoridad federal.
Si una autoridad federal le clausura a alguien su negocio, o le congela sus cuentas bancarias, o lo acusa por un delito, éste ciudadano podrá ampararse, pero no recibirá la suspensión solicitada para defenderse, para aplazar la ejecución de la orden de la autoridad hasta que haya un juicio.
Sin la suspensión provisional, el ciudadano será culpable de facto. Deberá iniciar un largo juicio, tan largo como son los juicios en México, para reabrir su negocio, descongelar sus cuentas o salir de la cárcel.
“Amparo sin suspensión no es amparo”, les dicen a los estudiantes de derecho en su primera clase sobre el tema.
Entre los argumentos utilizados para quitarles a los ciudadanos el amparo efectivo, se dice que los particulares “abusan” de esta protección, que deben ser acotados en sus “abusos”.
Entonces, se le quiere dar poder a la Federación para que se salte el amparo cuando lo juzgue “abusivo” en su uso.
La ley de amparo no está hecha para impedir “abusos” de la sociedad, sino para impedir abusos de la autoridad.
Las leyes de amparo atienden al hecho de que no es el gobierno quien está indefenso ante los particulares, sino los particulares ante al gobierno.
Justo al revés volteado.
