Vamos a ver si entiendo la historia: en septiembre de 2024, la Guardia Nacional –esa creación de Andrés Manuel López Obrador conceptualizada a partir de la corrupción e ineficiencia de la Policía Federal– llega al rancho que se encuentra en Teuchitlán. Ahí, según el reporte dado a conocer a la opinión pública, detienen a diez presuntos integrantes de un grupo delictivo, liberan a dos secuestrados y encuentran un muerto emplayado. Asimismo, dan con armas de uso exclusivo del ejército.
Los detenidos fueron llevados al Reclusorio Metropolitano y son acusados de una serie de delitos de orden local.
No obstante, desde esa época la Fiscalía General de la República sabía, a partir de un oficio enviado por la fiscalía estatal, que se habían cometido delitos de índole federal.
No sólo eso, Daniel Espinosa Licón, Magistrado Presidente del Poder Judicial en Jalisco, explicó que las víctimas supervivientes relataron cómo el lugar era un centro de adiestramiento. Espinosa declaró a los medios en esos días que el sitio ‘estaba totalmente estructurado para capacitar, reclutar y capacitar a la gente’ (sic).
‘Estaban reclutando gente’, habría declarado el Magistrado Presidente.
Días después, un policía del municipio de Tala fue detenido como participe en el delito de Desaparición Forzada.
Con todo esto, resulta increíble que la Fiscalía de Gertz Manero y, para el caso, el gobierno de Sheinbaum se digan sorprendidos por el hallazgo.
Está la documentación y los testimonios públicos sobre el descubrimiento, las detenciones y los delitos federales que debían perseguir. Se supone que todos los días, la administración actual y la anterior –en donde prominentes figuras del gobierno de Sheinbaum eran parte– hacen un repaso de la situación de seguridad en el país. En ese repaso, en esos días de septiembre, López Obrador y equipo debieron de saltar ante el hallazgo y las declaraciones de las víctimas, hablar con el gobernador y la fiscalía local y entender qué pasaba en la zona, más aun cuando existían denuncias de desapariciones en la zona que eran disminuidas por Enrique Alfaro en sus declaraciones.
Pareciera que el hallazgo por parte de las madres buscadoras de inicios de marzo de 2025 fue un error en múltiples niveles: omisión y mediocridad de las autoridades federales y estatales –ya sea por falta de presupuesto, amenazas, complicidad o mera mediocridad– pero, también, un error de cálculo político que terminó por hacer patinar a todos.
Al final, el control de daños será vendido por la propaganda como un triunfo más donde la presidenta fue sensible y mesurada, el gobernador colaborador en equipo, el fiscal estructurado y servil a la causa, el secretario de seguridad efectivo y eficiente, la prensa acomodaticia defensora de la verdad y los delincuentes en la cárcel o perseguidos por la ley.
Los únicos villanos serán los críticos y la prensa denominada carroñera que insistirá una y otra vez en los errores, omisiones y poco eficientes malabares del oficialismo que olvidará, una vez más, que las víctimas no son ellos, sino los miles de desaparecidos y sus familiares que, de nueva cuenta, verán su clamor opacado por la política barata que ha intentado, año con año, diluir el peso de la desaparición de un ser querido multiplicado por más de 50 mil en el último sexenio.
Si entendemos esto como lo que es, no deberíamos quedarnos de brazos cruzados. No esta vez.
