Existen por lo menos cuatro razones por las cuales la ciudadanía apoya o no ve con malos ojos la Reforma Judicial.
Uno: Los ciudadanos quieren votar por todo si se les da la opción. No importa si es un proceso para un cargo de elección, una política pública o un ejercicio de democracia directa (revocación de mandato, por ejemplo).
Ello no significa necesariamente que vayan a participar. Regularmente, las mediciones sobrestiman el deseo de participar. Por ejemplo, en el último registro de Parametría más de 4 de cada 5 ciudadanos dijeron estar de acuerdo con votar por el poder judicial. Es obvio que este no será el nivel de participación.
Independientemente de los niveles de información, el ciudadano quiere participar. Un ejemplo de la desinformación del proceso electoral que está por realizarse es que cerca de una tercera parte de los ciudadanos creen que hoy los jueces ya se votan o se eligen.
Salir a votar requiere de un esfuerzo y este debe de ser recompensado de alguna manera. Cuando ese incentivo no se da por motivación propia, la recompensa debe de venir de algún otro lugar. De allí que se estime que los niveles de participación dependerán en buena medida de los niveles de movilización.
La legitimidad de la elección del próximo 1 de junio depende en buena medida de los niveles de participación, más allá de quién gane y quién pierda.
Dos: La impartición de justicia en el país es muy cuestionable. En alguna medida es por ignorancia de cómo funciona el poder judicial en general, pero por otra es una opinión sustentada. La mayor parte de las mediciones muestran una opinión crítica del poder judicial, independientemente de cuál sea la pregunta.
Sin embargo, es interesante observar que, aunque la opinión es negativa o crítica, esta ha mejorado desde que el expresidente López Obrador decidió proponer la Reforma.
No es fácil explicar este cambio, pero las mediciones realizadas lo confirman. La percepción de que la justicia en México debe ser pronta, completa e imparcial ha mejorado de 2011 a la fecha. En particular, ha mejorado en los últimos 6 años.
Tres: Cualquier propuesta que venga del ejecutivo, sigue gozando de la confianza y del respaldo público. La actual presidenta mantiene altos niveles de aprobación, al igual que el expresidente que la precedió.
Si bien el primero en proponer la Reforma Judicial fue el expresidente López Obrador, al continuarla la actual presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta está avalada por dos figuras públicas que gozan del mayor capital político, actualmente.
Y cuatro: Al parecer, el ciudadano no está consciente de los costos de la Reforma Judicial.
A juzgar por lo que opinan los especialistas, nos enteraremos muy pronto del costo institucional del proceso y que si bien era necesario un cambio, este no era la forma para llevarlo a cabo.
Si lo que opinan los especialistas resulta cierto, deberá haber una reacción pública y ver cómo enfrentará el ciudadano la falta de organización y el mal funcionamiento de la impartición de justicia.
Es muy probable que una vez electos los nuevos ministros, magistrados y jueces, haya que realizar una nueva reforma, en opinión de los especialistas, para hacer funcional al poder judicial en general y en particular la Suprema Corte.
Sin embargo, como en muchos otros temas, mientras no sea una mayoría la afectada, es probable que el costo en términos de opinión para el poder ejecutivo que propuso la Reforma no sea sustancial.
Nota Metodológica: Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar vigente. Representatividad: Nacional. Metodología: encuestas cara a cara en vivienda. Método de muestreo: aleatorio sistemático con probabilidad de selección proporcional al tamaño. Marco muestral: secciones electorales reportadas por el INE. Nivel de confianza estadística: 95%. Diseño de cuestionario, muestra, operativo de campo y análisis: Parametría S.A. de C.V.
