El caso de Debanhi Escobar nos volvió a sacudir. Una chica de 18 años que fue desaparecida y asesinada. El 9 de abril. El Gobierno de Nuevo León hizo todo mal a pesar de que los ojos del país estaban puestos en su búsqueda. La familia abandonada frente a autoridades incompetentes. Me pregunto si las fiscalías serían tan omisas si la desaparición fuera de la hija de Samuel García, el hijo de Andrés Manuel López Obrador o el vástago de cualquier persona medianamente importante de este país. El presidente dice que no hay privilegios, pero la realidad es otra. Hay desaparecidos que valen más que otros. Hay víctimas que valen más que otras.
El de Debanhi es un caso más en un país donde a diario desaparecen decenas de personas. De acuerdo con los datos oficiales, en México existen 98 mil 944 personas desaparecidas. Más de 52 mil cuerpos sin identificar. Siete de cada 10 en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León. A esto hay que agregar una creciente crisis por desapariciones de menores: sólo en 2022 son 112 niños y niñas desaparecidos de acuerdo con información de la Red de los Derechos de la Infancia en México. Jalisco es primer lugar nacional en desapariciones generales superando la cifra de 16 mil y tercero nacional en desaparición de menores. Es una tragedia.
El Gobierno y también los medios de comunicación hemos cometido el error de normalizar la idea de que las desapariciones son un fenómeno exclusivo del narco. Un ajuste entre ellos. Esta interpretación viene desde los tiempos de Felipe Calderón. El presidente López Obrador se ha sumado alegremente a esta narrativa y también lo han hecho gobernadores de todos los partidos políticos. Es cierto que un porcentaje alto pueden tener que ver con el crimen organizado, pero como raramente se investiga y tampoco hay sentencias de jueces es difícil saber las causalidades a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que las desapariciones de mujeres obedecen a múltiples causas: desaparecen más jóvenes (entre 12 y 17 años) y no hay siempre una hipótesis que vincule el caso con la delincuencia organizada.
Dejemos una cosa clara: el Estado -en todos sus niveles y poderes- es el responsable de evitar las desapariciones y castigar a los culpables. El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza y, por lo tanto, no se puede lavar las manos. Basta de culpar a madres y padres. Basta de culpar a las amigas. La sociedad somos corresponsables, pero el Estado no puede ni debe aventar la culpa a la ciudadanía. No niego que nos hayamos descompuesto y el tejido social esté pulverizado, pero la seguridad es la razón misma de existencia del Estado.
El problema es que se hace mucha demagogia con los desaparecidos. Cuando una desaparición cimbra al país, los gobernantes reaccionan de la misma manera: se indignan, se lamentan y prometen mano dura con los responsables. ¿Qué pasa? Nada. En Jalisco hay una Fiscalía de Desaparecidos y tiene ¡8! malditas sentencias en cuatro años. No se puede ser más incompetente. Y a nivel nacional las cosas están peores: 30 mil desapariciones en el sexenio de AMLO y sólo ¡36! sentencias. Es pura demagogia la eterna promesa de llegar hasta las últimas consecuencias.
Si la impunidad es gravísima, la peor demagogia está en el presupuesto. Como escribió Fernanda Caso en su cuenta de Twitter: el presupuesto de este año destinado a atender la violencia contra las mujeres y a las víctimas en el país fue el 0.015% del total. La Comisión Nacional de Búsqueda está ejerciendo un presupuesto de 747 millones de pesos en 2022. El 0.12% del presupuesto nacional. Es decir, 7 mil pesos por desaparecido. Imagine que el presidente decidió gastar en su consulta de revocación lo que gasta en casi tres años del presupuesto completo de desaparecidos. El Gobierno de Nuevo León invierte sólo 50 millones de pesos. Anuncia que duplica el presupuesto: muerto el niño, a tapar el pozo. Jalisco ha ido incrementando las distintas partidas que van a combatir las desapariciones (hasta alcanzar 440 millones, 0.3 del presupuesto), pero muy lejos de lo que se necesita.
Por sus hechos los juzgareis. Prioridad que no está reflejada en el presupuesto es pura demagogia. Menos palabras y más decisiones. Menos lamentaciones y más transformaciones de las fiscalías. Menos indignación del Gobierno y más lana para encontrar, pero sobre todo para prevenir desapariciones. Menos “solidaridad” y más trabajar codo con codo con los familiares y colectivos de desaparecidos. Debanhi fue abandonada por el Estado. Que no nos vendan piñas, su vida y la de las miles de víctimas nunca ha sido prioridad.
Enrique Toussaint
