Luis M. Morales
En la escala de valores de López Obrador, el ajuste de cuentas con los grandes saqueadores de la nación está supeditado a su objetivo primordial: anular por completo la reforma energética del sexenio pasado y garantizar la supervivencia de dos monopolios estatales, la CFE y PEMEX. Desde luego, a partir de 2012 el ahora presidente se comprometió muchas veces a revertir la reforma energética, pero esa promesa tuvo, sin duda, mucho menos impacto electoral que la bandera anticorrupción. Y como AMLO ya no tiene mayoría calificada en el congreso para aprobar su Ley Energética, la Fiscalía General de la República, una institución subordinada al Ejecutivo, está extorsionando a los peces gordos del sexenio pasado con acusaciones de corrupción contra sus esbirros. Este golpe a la delincuencia de cuello blanco sería plausible si llegara hasta sus últimas consecuencias, pero me temo que las acusaciones de la FGR sólo buscan intimidar a los jerarcas del tricolor. Si abandonan la alianza opositora y respaldan al presidente en las cámaras, quedarán a salvo de cualquier proceso judicial.
El extorsionado en turno es Miguel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, a quien el agua ya le llegó al cuello. López Obrador lo tenía en la mira desde el 19 de mayo de 2013, cuando declaró en Huejutla, Hidalgo: “¿Qué esperanza puede haber de un cambio en el país si ahora Osorio Chong y Murillo Karam, junto al corrupto de Peña Nieto, están como funcionarios públicos a nivel nacional y siempre se han dedicado a saquear?”. Osorio ha gozado tres años de impunidad bajo la presidencia de su acusador, pero al fin la 4T amaga con echarle el guante. Así lo indica la orden de aprehensión que la FGR giró contra el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, y su esposa, la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, presuntos beneficiarios de un desvío por 2,950 millones de pesos orquestado desde la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto.
En 2020, la FGR ya le había lanzado otro buscapiés a Osorio: la orden de captura contra Frida Martínez Zamora, ex Secretaria General de la Policía Federal, a quien la FGR acusa de un desvío por 65 millones de dólares al gestionar la adquisición de una plataforma de inteligencia comprada a una empresa israelí. Por supuesto, Osorio niega haber tenido conocimiento de ambos desfalcos y hasta la fecha, la FGR no le ha fincado ningún cargo. Paradójicamente, la misma institución que intenta procesar con pruebas muy endebles a Ricardo Anaya, no encuentra motivo alguno para sospechar que el exsecretario de Gobernación perpetró los dos fraudes a la nación y se llevó la mayor tajada.
En los próximos meses sabremos si la extorsión funciona y el PRI se une a Morena para aprobar, no sólo Ley Energética, sino la reforma al INE, que podría significar un gravísimo retroceso autoritario. No pretendo que esta manita de puerco iguale al presidente con los rufianes a quienes intenta doblegar. Pero se equivoca rotundamente al establecer las prioridades de su administración, porque el ajuste de cuentas con Osorio Chong, Peña Nieto y Videgaray es mucho más necesario para el país que la rectoría energética del Estado. Su obsesión por restaurar el intervencionismo estatal en la economía, pese a las catástrofes financieras que provocó en 1976 y 1982, sólo entusiasma a Manuel Bartlett y a la minoría marxista-leninista de Morena. El resto de los mexicanos, incluyendo a muchos de sus votantes, creemos que el país nunca levantará cabeza sin un escarmiento severo a las aves carroñeras del erario (las del pasado y las de hoy). La democracia ya cumplió 21 años y ni siquiera ha logrado garantizar un estricto control del dinero público. El cumplimiento de esa asignatura pendiente determinará si López Obrador de verdad hace historia o refrenda la complicidad intersexenal que tanto le indignaba cuando era un líder opositor.
Por supuesto, la extorsión de los corruptos tiene una justificación ideológica muy reiterada en los discursos del presidente. Como su victoria electoral inauguró una nueva era de prosperidad y justicia social, no hay motivo alguno para temer que futuros gobiernos de la 4T cometan latrocinios de ninguna clase. La alarmante cantidad de contratos otorgados sin licitación en este sexenio siembra enormes dudas sobre la honradez de los morenistas, pero suponiendo que de veras fueran todos incorruptibles, su posible derrota electoral en el futuro próximo o lejano permitiría que los gobiernos de otros partidos ordeñaran el presupuesto sin temor a ser castigados, porque la vanguardia impoluta encabezada por AMLO no sentó precedentes ejemplares en esa materia. Ofrecer impunidad a la escoria política del país a cambio de apoyo político es una traición a la sociedad que tarde o temprano le costará muy cara al presidente y a su partido.
Enrique Serna
