Como era previsible en el proceso de designación de jueces mediante el voto popular, el momento esperado llegó. Para el pasado 5 de mayo, los medios informaron que la Cámara de Diputados y el Senado solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que impidiera que 26 personas, designadas por medio del voto popular como juzgadoras, asumieran funciones como jueces.
En caso de que esta decisión sea impugnada, corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar si debe confirmarse o revocarse la resolución adoptada por el INE.
Ahora se ha señalado que hay más de 26 personas que no cumplen con los requisitos de elegibilidad. La ley es clara respecto a los requisitos de elegibilidad: honorabilidad intachable, no haber cometido delitos que ameriten más de un año de prisión y, entre otros, no haber sido responsable de delitos como el feminicidio. No obstante, que la ley sea clara no significa que quienes la aplican no la consideren compleja ni que encuentren dificultades en su interpretación.
Conforme al calendario del proceso electoral judicial, el pasado miércoles iniciaron las deliberaciones del INE y para el 15 de junio deben concluir. Probablemente hoy tengamos mejor información en cuanto al número de inelegibles.
Resulta inevitable identificar antecedentes que cuestionan la integridad del Poder Judicial. Un ejemplo claro fue el robo de exámenes ocurrido durante el Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, celebrado en octubre de 2017. Este hecho involucró a personas que ya formaban parte del propio Poder Judicial.
¿Cuántos otros incidentes similares habrán tenido lugar sin que se hayan hecho públicos? En este contexto no sorprende que existan intentos por vulnerar la legalidad también en los procesos de elección de jueces mediante el voto popular.
No obstante, no todo es motivo de alarma. El INE ha demostrado contar con consejeros capaces, con formación sólida y posturas ideológicas diversas, lo cual fortalece la imparcialidad institucional y contribuye a garantizar la legitimidad del proceso democrático.
