El tema central de la reforma electoral son los diputados asignados por el principio de representación proporcional, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. A nadie –salvo a quienes tienen ideas antidemocráticas o pertenecen a la oposición– le agrada la idea de eliminar las diputaciones plurinominales.
A mí tampoco me gusta eso, las plurinominales son uno de los valores esenciales de la democracia, por tanto no deben desaparecer; pero sí, en la reforma electoral que viene impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se puede negociar la forma de su asignación.
En México, desde la reforma constitucional de 1977, impulsada por el entonces presidente José López Portillo, se dispuso en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, por primera vez, que debía de haber 300 electos en distritos uninominales por mayoría relativa, –el 50 por ciento más uno–, y 100 asignados a partir del porcentaje nacional de votos de cada partido que superara el 1.5 por ciento de la votación total.
Después, en la reforma constitucional de 1986, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, se determinó en el Artículo 52 constitucional que debían ser 200 diputados de representación proporcional, elegidos a través de listas regionales en cinco circunscripciones.
En México se vivió una revolución política inconclusa, oligárquica, de partido único, de fachada o autoritaria. Los facinerosos priistas, que tomaron la palestra en 1929 –nueve años después de concluida la Revolución–, con contadas excepciones, se creyeron dueños de la voluntad política de los mexicanos, como si el país fuera su botín y la democracia, un privilegio que podían conceder o negar.
Durante décadas, la historia política de México estuvo marcada por persecuciones a la oposición y episodios de violencia de Estado: la masacre de Tlatelolco en 1968, el Halconazo de 1971, la masacre de Aguas Blancas en 1995, el movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, entre muchos otros. Hoy, el reto es aprender a deliberar y superar la idea de que los partidos son imprescindibles para la vida democrática, en lugar de mantenerlos como espacios privilegiados de impunidad.
