Que en la contienda por la Presidencia Municipal de Puebla, ya se destaparon dos miembros del PT. Se trata del coordinador parlamentario en el Congreso local, Toño López y la dos veces diputada, Nora Merino. Inmediatamente, dentro del petismo comenzaron las apuestas y señalaron que en caso que se decida por productividad legislativa, sería López Ruíz llevaría ventaja; pero si fuera por simulación legislativa, entonces se invertiría la preferencia. Por lo pronto ambos han pedido a la dirigencia nacional que sean medidos en una encuesta. A ver de qué cuero salen más correas.
Que mientras unos andan “suspirando”, otras andan trabajando. Tal es el caso de la diputada local por el PT, Mónica Silva Ruiz. Dice que buscará hacer presión al interior del Congreso del Estado para la pronta expedición de la Ley Sabina en Puebla, después que en la sesión ordinaria del jueves, se aprobó la Ley 3 de 3 para impedir que violentadores de mujeres ocupen cargos públicos. Parece como si se tratara de dos leyes similares, pero tienen dos vocaciones especificas.
Que siempre sí. El ayuntamiento de Puebla mostró los cinemómetros, aunque los llamaron pistolas para medir la velocidad que operarán por parte de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura. Ahora con el operativo de proximidad "Te queremos vivo, conduce con precaución", son utilizados en vialidades como la calzada Zaragoza y el bulevar Municipio Libre, donde se detectó que los automovilistas conducen a alta velocidad a pesar de que la máxima permitida es de 50 kilómetros por hora vialidades primarias y de 30 en vialidades secundarias.
Que ayer por la tarde comenzó un paro de labores por parte de las y los trabajadores del SUTISSSTEP, adscritos al Hospital 5 de Mayo, en las inmediaciones de San Manuel. Los agremiados a este sindicato acusan violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), así como la falta de mantenimiento e insumos para el desempeño de sus funciones. La secretaria general de dicha representación, Maribel Lázaro pide la intervención del gobierno del estado, puesto que el director general del Issstep, Miguel Ángel García Martínez se niega a escucharlos. ¿Y los derechohabientes de este sistema de salud?
