Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que encabeza Zoé Robledo, ha atendido a más de 370 mil personas trabajadoras en situación de violencia en su ámbito laboral, familiar y social como parte del programa Espacio Seguro de Escucha, Contención y Orientación. Se trata de una estrategia que ofrece atención individual o grupal contra el acoso laboral o sexual y el hostigamiento; aunque inició en 2023 como programa piloto de la Unidad de Derechos Humanos, los resultados han sido tan importantes que el objetivo a mediano plazo es aplicarlo en los órganos administrativos estatales y regionales, incluidas las Unidades Médicas de Alta Especialidad.
Que la ex procuradora general de Justicia y aspirante a ministra de la Corte, Marisela Morales, valora junto con su equipo solicitar al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, encabezado por Ricardo Monreal, que la reciban para exponer sus consideraciones en torno a la reforma al Poder Judicial y la elección de juzgadores, tal como se hizo la semana pasada con las ministras en funciones y candidatas a repetir en el cargo Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, luego de que el zacatecano dejó abierta la posibilidad de escuchar a otros perfiles más allá de personajes identificados con la 4T. ¿Y qué pasará si todos los perfiles piden esa oportunidad?
Que luego de la prisión preventiva dictada a cuatro cercanos colaboradores del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, no se ha logrado confirmar la situación jurídica ni, por supuesto, la ubicación del perredista, quien encabezó la entidad entre 2015 y 2021. Por eso crece la expectativa en torno a la conferencia de prensa que cada lunes ofrece el actual mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, en el Salón Charo de Casa Michoacán, pues de ahí puede surgir el siguiente capítulo de esta historia que incluye temas como peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Que en los últimos días de febrero cuando las comisiones del Senado aprobaron la desaparición del INAI y la creación del Instituto de Transparencia para el Pueblo se argumentó que las oficinas de gobierno tardaban hasta seis meses en responder solicitudes de información. Sin embargo, la comisionada Julieta del Río aclara que el promedio real es de 9.4 días hábiles, de ahí que la comisión de transición del organismo fenecido pedirá que se revelen los nuevos tiempos de atención para evitar que el nuevo instituto rector, en vez de agilizar, vaya a entorpecer el proceso con más burocracia.
