Que a unos días de que se cumpla el plazo para que los tres Poderes de la Unión presenten su lista de candidatos a jueces, magistrados y ministros, la gran incógnita es si esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, recomendará al Comité de Evaluación del Judicial reanudar actividades. De hacerlo, esa instancia tendrá que trabajar a marchas forzadas, porque cuenta con una lista de mil 53 aspirantes idóneos a los que tendría que evaluar para determinar quiénes podrán participar. Vaya reto.
Que hoy el Tribunal Electoral prevé aprobar un proyecto en el que la magistrada presidenta, Mónica Soto, deja ver una vez más sus diferencias con la ministra Norma Piña, al ordenar al Senado que si la Suprema Corte se niega a aprobar la lista de candidaturas que generarán por tómbola, simplemente ¡se la brinque! y las mande al INE, que lidera Guadalupe Taddei. Mire usted que mandar saltarse al máximo tribunal de justicia...
Que la mayoría morenista encabezada por Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados espera para el próximo 5 de febrero las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de no reelección de legisladores y alcaldes, así como la de antinepotismo en los tres órdenes de gobierno, justo un año después de que Andrés Manuel López Obrador enviara al Palacio de San Lázaro sus veinte proyectos de reformas del llamado plan C, que en aquel momento parecían intransitables y ahora casi todas forman parte de la Constitución reconfigurada a modo de la 4T.
Que el INE ya envió a la Secretaría de Hacienda, donde manda Rogelio Ramírez de la O, la solicitud formal para asegurar la ampliación presupuestal que usará para la organización del proceso electoral del Poder Judicial. El documento fue enviado el viernes pasado, por lo que la autoridad electoral está lista para recibir los primeros 800 millones de pesos extra, que están previstos para usarse en la contratación de más personal que ayude a la realización de los comicios el primer domingo de junio.
