El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó el último fin de semana de marzo de 2020 a Badiraguato, base social y política del Cártel de Sinaloa. Esta nueva visita era todo un acontecimiento, no solo por ocurrir durante la pandemia, sino por lo escasas que han sido —hasta este gobierno— las giras oficiales en esa zona recóndita donde nacieron capos de distintas épocas como Pedro Avilés, Rafael Caro Quintero y Joaquín Guzmán Loera.
Redes y medios resaltaron este nuevo viaje, luego de que el Presidente saludara a la mamá de Guzmán Loera, así como a uno de sus abogados, José Luis González Mesa. Un día después del polémico encuentro, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, reveló una operación en conjunto con la DEA en contra del cártel de Sinaloa, mediante la cual bloqueó cuentas bancarias de nueve personas y cinco empresas relacionadas con el grupo criminal.
Para los opositores, el anuncio de la UIF fue un intento de apagar el fuego mediático tras el controversial saludo presidencial. Sin embargo, las acciones denotan trabajo previo y un afán oficial —inusual hasta este gobierno— de combatir con inteligencia a la organización que tiene su sede simbólica en Badiraguato, al desactivar viejas redes económicas usadas por el cártel de Sinaloa para lavar fondos y pagar sobornos durante sexenios.
Uno de los objetivos de la operación fue un empresario apoderado de una cadena de cines que apenas reportó ingresos por 884 millones 938 mil pesos, aunque 456 millones 421 mil de esa cantidad provinieron de depósitos en efectivo. La compañía, con salas en Culiacán, Puerto Peñasco, Guadalajara, Torreón y Durango, fue creada en 2006, justo en el arranque del gobierno del presidente Felipe Calderón, mientras estaba a cargo de la Seguridad Nacional, Genaro García Luna, hoy preso en EU bajo la acusación de recibir pagos millonarios del mismo cártel de Sinaloa. Los giros de los demás negocios atacados por la UIF y la DEA en esta acción fueron la publicidad, la construcción, la joyería y el turismo.
Si bien mantiene su injerencia en nuestra política antidrogas, es interesante el nuevo rol de la DEA en sus operaciones en México. Más allá de alentar operativos de detención o decomisos, como prevalecía en el pasado, ahora colabora con la UIF en operaciones de inteligencia financiera como la divulgada tras la nada casual visita presidencial a Badiraguato.
