Extraña mezcla de centralismo gubernamental y descontrol partidista el que se observa en estos momentos en la llamada IV Transformación.
Por un lado, múltiples manifestaciones de descoordinación, indisciplina y desafíos a la autoridad partidista y presidencial de parte de políticos de la coalición gobernante. Los ejemplos abundan. Una senadora, Andrea Chávez, haciendo una campaña prematura, ostensible, y pagada con dinero de particulares (que tarde o temprano cobrarán el dinero invertido) y auspiciada por padrinos poderosos (Adán Augusto López), fuera de los tiempos y las reglas definidas por su partido. Morenistas que no esconden sus intenciones de saltarse las disposiciones anti nepotismo dictadas por su partido y promovidas por la Presidenta yéndose a competir por otros partidos (como ocurrió en Veracruz recientemente). La revuelta agresiva y pública de un grupo de rudos de Morena ante el inesperado triunfo de Hugo Aguilar Ortiz en la disputa por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y sus esfuerzos por tratar de que se reinterpretara la ley para que Lenia Batres fuera la primera presidenta de la nueva Corte. Las declaraciones protagónicas y contraproducentes de Fernández Noroña y otros frente al gobierno de Estados Unidos mientras la Presidenta camina, no sin dificultad, por una delgada línea en su relación con el inefable Donald Trump. Y recientemente, el instinto de callar a sus críticos de parte de varios miembros de la coalición gobernante. Solicitudes de gobernadores y diputados al Poder Judicial (civil, penal y electoral) para que los proteja frente a señalamientos (nimios) en redes y medios, de periodistas y ciudadanos. No hay elementos —todo lo contrario— para atribuir a la Presidenta del país estas iniciativas y este impulso antidemocrático, pero es evidente también que no las logra inhibir y no parece poder contenerlas. (Se molesta la Presidenta cuando le preguntan al respecto, pero se equivoca. Enojo le deberían provocar los reflejos autoritarios de sus correligionarios y que estos impulsos encuentren eco en las instituciones de justicia del país).
Es patente que los políticos de la coalición gobernante andan sueltos y sobrados. Y ni la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, ni la presidenta, Claudia Sheinbaum, parecen ser capaces de poner límites y fijar rumbo.
Esto ocurre mientras en otros ámbitos se impone una disciplina férrea y contraproducente. Si alguien pregunta por el titubeante manejo de la Fiscalía Capitalina respecto al homicidio de los dos colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, la respuesta es que se paralizaron ante el miedo de contrariar a la presidenta y a su secretario de seguridad ciudadana (¿qué tenía que salir el secretario Omar García Harfuch a informar sobre un tema que está en plena investigación por un órgano supuestamente autónomo local?).
Y qué decir de la instrucción de que nadie puede dar entrevistas antes de la mañanera. Si un gobernador osa salir a informar temprano sobre el impacto de un huracán en curso recibe reprimendas por haberse adelantado (ya ven que los huracanes están a la espera de esas citas).
Inquietante mezcla de centralización y obediencia en temas que ameritarían amplitud de criterio y márgenes de acción, y el caos e indisciplina, en temas y ámbitos en los que cierta línea, congruencia partidista y principios deberían imperar.
