En el capítulo más reciente de las distintas movilizaciones vividas en Panamá entre 2023 y 2025, están las protestas contra la reforma pensional del Gobierno de José Raúl Mulino que apunta a recortes en beneficios o aumentos en la edad de jubilación, y abre la puerta a una posible privatización del sistema, además de no exigir responsabilidades a las grandes empresas que históricamente han evadido sus pagos al seguro social.
El gobierno de Mulino plantea “salvar” la Caja de Seguro Social (CSS), la entidad estatal que administra los ahorros de las y los trabajadores, pero en lugar de hacer que los grandes empresarios y evasores históricos asuman su responsabilidad, la propuesta apunta a transferir el costo de la “salvación” a la clase trabajadora, mientras lo público se debilita o desmantela. Quieren salvar el sistema sacrificando a quienes lo sostienen y lo hacen con un discurso de “responsabilidad fiscal” y “sostenibilidad”, pero sin tocar los privilegios fiscales.
Estamos frente a un claro ejemplo de la agenda neoliberal clásica: cuando lo público entra en crisis, en lugar de fortalecerlo, se debilita a propósito para justificar su privatización y beneficiar el negocio de unos cuantos. Miremos a Chile, caso pionero de privatización total de las pensiones bajo la dictadura de Pinochet, con asesoría de los "Chicago Boys"; a Perú, donde se privatizó el sistema en los noventa con el modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), similar al chileno; al propio México, que en 1997 cambió el sistema de reparto (solidario) por un modelo de cuentas individuales manejadas por AFORES, empresas privadas, entre otros múltiples casos. Ninguno de estos ejemplos se puede catalogar como exitoso; el resultado ha sido una precarización masiva de la vejez, una transferencia colosal de recursos públicos y del trabajo acumulado al capital financiero, y una profunda desigualdad estructural. Privatizar las pensiones no resuelve la crisis, por el contrario, la profundiza.
Recordemos que en octubre y noviembre de 2023, Panamá vivió protestas masivas contra la concesión a la minera canadiense First Quantum Minerals, que culminaron con la anulación del contrato por parte de la Corte Suprema. Esto fortaleció la conciencia de que la movilización puede frenar decisiones violatorias de los derechos de la gente.
Como respuesta a estas nuevas movilizaciones, el admirador de Donald Trump, José Raúl Mulino, ha puesto en la calle a policías antimotines y militares para reprimir al pueblo panameño. Los enfrentamientos han sido especialmente intensos en la provincia de Bocas del Toro, dejando una persona muerta y más de un centenar de heridos y detenidos. Además, el Gobierno de Mulino suspendió por cinco días algunas garantías constitucionales como el libre tránsito.
Tampoco podemos olvidar que muchos de los y las manifestantes que hoy se levantan en Panamá contra la reforma pensional son hijos, hijas y familiares de quienes quedaron ciegos o marcados para siempre por la represión ordenada por José Raúl Mulino cuando era ministro de Seguridad en 2010. Hoy, convertido en presidente, los vuelve a enfrentar con una mano todavía más dura.
Las calles panameñas no solo expresan rechazo a una reforma específica, sino también un hartazgo acumulado frente a una élite política y económica que insiste en hacer recaer sobre el pueblo el costo de décadas de corrupción, evasión y privilegios. Ningún poder es eterno si el pueblo decide levantarse.
