Una gran parte del pueblo colombiano esperaba que se hiciera justicia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez porque su figura concentra muchas de las heridas más profundas del conflicto armado y de la impunidad histórica en Colombia. Su nombre está vinculado, desde antes de que fuera presidente, con acusaciones persistentes sobre vínculos con el paramilitarismo, estructuras responsables de miles de asesinatos, desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos.
O que respondiera también por los llamados falsos positivos, un crimen de Estado sistemático ocurrido durante su gobierno, en el que al menos 6,402 jóvenes pobres fueron asesinados extrajudicialmente por el Ejército y presentados como bajas en combate para inflar los “éxitos” de la lucha contrainsurgente.
Sin embargo, por lo que sí fue juzgado y condenado en primera instancia fue por manipulación de testigos y fraude procesal, en un caso que él mismo inició al denunciar al senador Iván Cepeda, acusándolo de promover testimonios falsos en su contra. La justicia, en un giro inesperado, encontró indicios suficientes de que fue el propio Uribe quien habría presionado a testigos, muchos de ellos exparamilitares, para que cambiaran sus declaraciones o declararan en contra de Cepeda.
Uribe y sus aliados siempre se sintieron impunes, no sólo como parte de la intocable élite colombiana, sino como herederos de la lucha contra el comunismo en Colombia, un relato que justificó durante décadas la violencia estatal, el paramilitarismo y la criminalización de la oposición política. Bajo ese paraguas ideológico, se construyó una doctrina de seguridad democrática que encubrió masacres, desplazamientos y persecuciones, y que convirtió, nuevamente, el exterminio del otro en política pública.
Esa sensación de impunidad se alimentó también de una profunda complicidad entre sectores del Estado, empresarios, medios de comunicación y grupos armados ilegales, para quienes la narrativa del enemigo a vencer ha sido bastante redituable. La desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia, el clasismo, el racismo, ¡eso qué!
Y es precisamente allí donde se enraíza un sentimiento de impotencia colectiva: ver durante años a tantos criminales de cuello blanco caminar libres, ser ovacionados, reelegidos, enriquecidos, y hasta presidentes. Nos acostumbramos peligrosamente a que en Colombia los políticos y las élites pueden hacer lo que les da la gana. Habituarnos a la impunidad ha sido también una forma de violencia, y uno de los principales obstáculos para la construcción de una verdadera democracia y, por supuesto, de la paz.
Por ello, era de esperarse reacciones como la del gobierno estadounidense en defensa de Uribe, argumentando persecución política, no sólo porque ha sido su aliado estratégico en la región, sino porque representa una forma de hacer política que ha sido muy funcional a sus intereses: autoritaria, antisoberana, profundamente neoliberal. Cuando llega, la presión internacional de las grandes potencias no suele ir en defensa de las víctimas, sino de quienes garantizaron el orden, su orden, a cualquier costo.
El fallo, dicho sea de paso, emitido por la jueza (con A) Sandra Heredia—que deberá ser ratificado en otras instancias para que quede en firme—, no repara las muertes ni devuelve a las y los desaparecidos, pero puede ser el primer paso para desmontar el pacto de silencio y poder que ha sostenido la guerra desde las cúpulas, así como una esperanza para personas como las valientes Madres de Soacha, que hasta hoy no han cesado en su lucha por verdad, justicia y reparación. Ellas, que transformaron su dolor en resistencia, llevan más de una década exigiendo que se reconozca el crimen que el Estado quiso ocultar: que a sus hijos los asesinaron por ser pobres, por estar desempleados, por vivir en el campo, en las periferias, por no tener apellidos rimbombantes; a los ricos en Colombia, las botas de los guerrilleros no les quedan.
El pueblo colombiano no solo merece justicia por el delito procesal, sino también por los crímenes de lesa humanidad que marcaron nuestra historia reciente. Uribe Vélez no debe responder solo por manipular testigos, sino por todo lo que intentó esconder al hacerlo. Y ojalá, en el camino hacia la justicia y la verdad, pueda también comenzar a cerrarse el inmenso dolor y la profunda separación que esta historia ha causado entre hermanos y hermanas de un mismo pueblo. Difícilmente exista algún compatriota que no haya sido tocado por los horrores de la guerra en mi país.
