Los sistemas democráticos de nuestra región atraviesan un periodo de tensión y redefiniciones. Aunque según el último informe de la corporación Latinobarómetro el apoyo ciudadano a la democracia creció cuatro puntos en 2024; en los últimos 15 años cayó 12 puntos (pasando de 60 por ciento en 2010 a 48 por ciento en 2023). Por esto sigue siendo fundamental incentivar y promover el debate sobre el fortalecimiento de las capacidades estatales. Sin instituciones sólidas y eficientes, la democracia pierde legitimidad. Y sin democracia, las capacidades estatales corren el riesgo de convertirse en herramientas de concentración de poder, alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía.
En ese contexto, los países de América Latina y el Caribe se encuentran ante la necesidad de fortalecer sus democracias a través de la construcción de Estados más capaces, inclusivos y resilientes. Para alcanzar ese objetivo es necesario entender que la calidad democrática también se mide en la capacidad del Estado de garantizar derechos, proveer servicios públicos de calidad y generar oportunidades para todos. La educación, la salud, la infraestructura, la seguridad y la justicia son pilares fundamentales que requieren instituciones técnicas, profesionales y con visión de largo plazo.
En primer lugar, se torna fundamental avanzar hacia modelos de gobernanza que promuevan la participación ciudadana y la rendición de cuentas por parte de las instituciones, donde la delegación pueda ser ejercida de manera efectiva y los ciudadanos puedan sentirse representados. Y, a la vez, contar con una ciudadanía que participe efectivamente y genere un círculo virtuoso en los contextos democráticos de la región. En ese mismo sentido, la digitalización de los servicios públicos y el acceso abierto a datos gubernamentales son herramientas clave para acercar el Estado a la ciudadanía y generar un ida y vuelta enriquecedor.
En segundo lugar, fortalecer las capacidades estatales requiere financiamiento. Según estimaciones recientes, los países de la región invierten en promedio solo 2.8 por ciento del PIB para robustecer sus administraciones públicas (cifra que se ubica muy por debajo de los niveles que presentan los países de la OCDE). Esta brecha se traduce en burocracias más débiles, sistemas de planificación fragmentarios y escasa capacidad de implementación de políticas públicas. Revertir esa realidad es una apuesta por la profesionalización del servicio civil, la planificación estratégica y la cooperación regional.
Y, por último, América Latina y el Caribe necesita avanzar en la articulación entre niveles de gobierno. Muchos de los desafíos actuales ―el cambio climático, la seguridad ciudadana o la inclusión social― requieren respuestas coordinadas entre gobiernos nacionales, provinciales y locales. México emerge, en ese sentido, como uno de los casos más destacados en el último informe de Latinobarómetro. Por primera vez desde 1995, 50 por ciento de la población de ese país se declaró satisfecho con la democracia, ubicándose después de países como Uruguay.
Las capacidades estatales no pueden ser neutras. Por el contrario, deben estar orientadas a cerrar brechas, proteger a los más vulnerables, garantizar el acceso universal a bienes públicos y, en definitiva, constituir sistemas democráticos eficaces y comprometidos con la sociedad. América Latina y el Caribe tiene el talento, los recursos y la vocación democrática para construir Estados más fuertes y sociedades más justas, pero el tiempo apremia. La desafección ciudadana, la fragmentación política y los desafíos globales exigen respuestas audaces y coordinadas. Fortalecer la democracia a través de capacidades estatales no es solo una necesidad técnica: es una apuesta ética por el futuro de la región.
